La era de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona podría llegar a su fin en el pleno de investidura del próximo sábado, aunque la todavía alcaldesa en funciones, que quedó tercera en las urnas el 28M, tratará de retener la vara de mando aunque sea de forma colegiada. Sus dos mandatos han estado plagados de polémicas como el veto a los coches o al turismo, pero, por encima de todo, la líder de los comunes llegó a la plaza de Sant Jaume abanderando la promesa de garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna, un compromiso cuya ejecución se ha topado con enormes obstáculos en estos ocho años.
En este tiempo, los alquileres han seguido subiendo: de hecho, ya son casi un 50% más caros que cuando Colau asumió el mando de la capital catalana. Y, aunque su consistorio ha tratado de impulsar la construcción de pisos sociales, la dimensión de los proyectos ha sido insuficiente a tenor de los datos de otras Administraciones, las necesidades de la ciudad o las propias declaraciones de la alcaldesa. Ante estos resultados, especialistas en vivienda y sector inmobiliario echan de menos más flexibilidad a la hora de consensuar soluciones de mayor calado que pudieran ayudar a aliviar el problema del acceso al hogar en Barcelona.
Parón en la construcción de pisos
"No es un balance positivo", asegura Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), al analizar los ocho años de gestión municipal de los comunes en vivienda. "Por mucho que digan que han hecho más que otros consistorios, las expectativas que generaron cuando llegaron al poder no se han cumplido", subraya.
El representante del sector recuerda que "el ayuntamiento tiene suelo público para hacer hasta 20.000 viviendas", lejos de los 4.340 que están en desarrollo en la actualidad. Considera "incoherente" que, mientras esta vía siga sin agotarse, se impulse una medida "estricta" e "indiscriminada" como el 30% de vivienda social obligatoria en las nuevas promociones, que "no solo frena la obra nueva, sino también las grandes rehabilitaciones", de forma que se está "impidiendo" aprovechar los fondos Next Generation para reformar inmuebles y, entre otras mejoras, reducir la contaminación.
Ada Colau en el Círculo de Economía
Sin diálogo con el sector
"Cada color político tiene su defecto y a los de este color, lo que les pasa es que miran mucho lo que se aprovecha de esta vivienda social en el futuro, pero no miran que detrás hay un negocio y que en las convocatorias tienes que poner condiciones para que los constructores puedan acceder", añade Josep Maria Raya, catedrático de Economía Aplicada de la UPF. Señala que, en consecuencia, "alguna convocatoria ha quedado desierta" en Barcelona y "hay un problema para sacar suelo" para la vivienda social, "cuando el 80% lo acaba construyendo el privado".
Según el profesor, "la vivienda es una de las políticas que el ayuntamiento trata de potenciar más", pero, a pesar de las "buenas intenciones" de los comunes, Barcelona sigue presentado los problemas que también sufren "otros lugares de Cataluña y España" en cuanto a vivienda social. Defiende que "el 30% como idea está bien, pero no hemos de ser del todo inflexibles y tal vez unas veces podemos ir al 50% y otras al 20%".
Faltan consensos y planificación
Para hacer compatible la medida del 30% con la construcción de nuevas promociones, ahora muy ralentizada, Raya cree que "tenemos que dar algo a cambio, porque a veces no salen los números" desde el punto de vista empresarial. Como alternativas, propone que el consistorio conceda bonos de densidad que permitan construir más en el mismo espacio, ofrecer ventajas en futuras promociones o reducciones impositivas.
Otro aspecto que el economista especialista en vivienda pone sobre la mesa es que "se ha tardado mucho" en poner en marcha iniciativas público-privadas como Habitatge Metròpolis Barcelona o Illa Eficient, que pese a la tardanza "ha funcionado muy bien". Es por ello por lo que espera que, una vez iniciado el camino, "sea más fácil para futuras iniciativas". Recuerda asimismo que "hace décadas que el sector de la construcción habla de que las planificaciones van deprisa y corriendo", por lo que reclama acordar políticas como la vivienda y el urbanismo entre los diferentes partidos y contar con comisiones técnicas para facilitar los consensos.