Han pasado dos años desde que la consejera catalana de Cultura, Natàlia Garriga, anunció su declaración de intenciones tras tomar posesión del cargo. Entre ellas, figuraba el impulso de tres leyes: la de Derechos Culturales, dirigida a garantizar el acceso universal a la cultura; la de Archivos, consistente en revisar la ley actual para adaptarla al impacto de la digitalización; y la de Patrimonio, para dar un enfoque educativo, científico, económico y territorial a la riqueza cultural catalana.
Ninguna de estas normas han sido aprobadas. Tampoco se ha impulsado en esta legislatura un plan de enseñanza artística en el sistema educativo obligatorio, iniciativa relacionada con la citada ley de Derechos Culturales y que incide en la necesidad de que la cultura no solo sea cosa de ricos.
Las propuestas de comunes y socialistas
Desde el departamento de Cultura aseguran que la ley de Derechos Culturales verá la luz en 2023. De hecho, se trata de un proyecto que los comunes exigieron en 2021 al presidente Pere Aragonès cuando pactaron los presupuestos de la Generalitat, y que se inspira en el Plan de Derechos Culturales de Barcelona, impulsado por el concejal que ha llevado esta cartera en el consistorio, Jordi Martí (Barcelona en Comú).
La diputada de PSC-Units, Rocío García
También el PSC, a través de la diputada Rocío García, presentó un plan de medidas para garantizar la igualdad en el acceso a la cultura y las artes el pasado marzo. Lo hizo bajo la premisa de que “el crecimiento sin precedentes de los presupuestos destinados al Departamento de Cultura de 2023, que han alcanzado un 1,5% del total, permiten avanzar en esas medidas para evitar las desigualdades culturales”, explica García.
Los recortes de Artur Mas
En esta misma línea de evitar que la cultura solo esté al alcance de quienes tienen más recursos, los socialistas catalanes han defendido un Plan de Enseñanzas Artísticas y Culturales.
El proyecto que arrancó el gobierno tripartito, pero que quedó truncado con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat en 2010. Su política de recortes en educación y cultura dejaron el impulso de la docencia artística en la enseñanza obligatoria en manos de los ayuntamientos.
Batería de preguntas
De ahí que Rocío García y la diputada Esther Niubó –ambas son responsables, respectivamente, de las políticas culturales y educativas en el gobierno alternativo del PSC-, reclamen la recuperación de los convenios con el mundo local, dotados de la correspondiente partida presupuestaria, y hayan presentado una batería de preguntas dirigidas al Govern para conocer la oferta actual de enseñanza artística en la etapa obligatoria para el curso 2023-2024, el desglose de grupos por centros escolares y municipios, las ayudas destinadas a las familias para garantizar la igualdad de oportunidades en este ámbito, el número de profesores que se contratarán para impartir esa disciplina o cuántos alumnos podrán acceder a esa disciplina.
Las diputadas instan a la Generalitat, en definitiva, a elaborar un mapa de la oferta de educación artística superior en Cataluña.
Gerard Quitana conoce la propuesta
El músico catalán Gerard Quintana
“Pretendemos hacer una oposición constructiva, de ahí que hayamos propuesto que se habilite un sistema de homologación para que conocidos artistas catalanes puedan impartir clase en el sistema público, si es que el problema es la falta de profesores”, explica Rocío García. Conocedor de esta propuesta es Gerard Quintana, que lideró el grupo Sopa de Cabra y que preside actualmente la Academia Catalana de la Música. Y le encantó.
Por otro lado, las actuales leyes de Archivos y Patrimonio Cultural datan de los años 90 del siglo pasado, de ahí que la consejera de Cultura se comprometiera a actualizarlas para adaptarlas al impacto de la digitalización, en el primer caso, y al carácter de recurso social, educativo, científico, económico e inclusivo que también tiene el concepto patrimonio, en el segundo