La llegada de Joan Ignasi Elena a la Consejería de Interior supuso cambios en el modelo de defensa judicial de los Mossos d’Esquadra que, junto a las purgas practicadas en la cúpula judicial y la fiscalización las actuaciones policiales, ha tensionado la relación entre el departamento y el cuerpo autonómico hasta extremos preocupantes.
Fuentes jurídicas subrayan los perjuicios que está causando esa nueva estrategia de defensa, que pasa por filtrar los casos para evitar conflictos con el activismo antisistema e independentista. Y citan tres ejemplos significativos registrados bajo la dirección de Elena y que han obligado a los mossos a recurrir a una defensa externa, principalmente a la que proporcionan los sindicatos.
Una patrulla de los Mossos d'Esquadra en una foto de archivo / MOSSOS
Durante 25 años, la defensa de los mossos era asumida por abogados del departamento de Interior, con amplia experiencia en este tipo de causas judiciales. Ahora, esa representación está centralizada en el Gabinete Jurídico de la Generalitat, dependiente de Presidencia. El resultado ha sido la retirada de acusaciones que previamente había formulado el Govern en caso de agentes lesionados en actos de servicio y la retirada de la defensa cuando los agentes habían sido denunciados por la comisión de hechos supuestamente delictivos.
En la práctica, explican la citadas fuentes, se ha retirado la habilitación para asistir a juicios a profesionales con larga experiencia en la defensa de los policías y se han impuesto directrices de espaldas a los intereses de los agentes afectados, coincidiendo con el pacto de ERC y la CUP en materia policial.
La versión de la Consejería
Hasta la llegada de Elena, los jueces interpretaban que los agentes contaban con el respaldo de sus superiores, algo que ahora queda en tela de juicio. La Consejería de Interior alega que el Gabinete Jurídico cuenta con más profesionales y de mayor prestigio. Pero en la práctica, así lo demuestran tres casos mencionados, los agentes han resultado perjudicados e incluso han tenido que buscar letrados sobre la marcha.
Un agente de la BRIMO (Mossos) ante una barricada en llamas el tercer día de disturbios por Hasél / ELENA BURÉS
Un ejemplo es la causa abierta por el asedio de manifestantes antisitema al Parlament en 2018. El abogado designado por Interior había presentado acusación contra los activistas que agredieron a los agentes. Pero pocos días antes del juicio, la Consejería ordenó retirar la acusación y abandonar la causa. Ello obligó a informar a prisa y corriendo a los quince mossos afectados de que tenían que buscar un nuevo abogado particular si querían seguir ejerciendo la acusación. Los agentes tuvieron que comparecer en el juicio y pedir la suspensión para poder designar nuevos letrados y evitar quedar en indefensión.
El 'caso Vivet'
Otra de las causas más llamativas fue la de Marcel Vivet, un activista independentista acusado de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Durante toda la instrucción, así como en el juicio, el Govern había ejercido la acusación. Vivet fue condenado, con la agravante de haber golpeado a un mosso con el palo de una bandera.
Sin embargo, tras el cambio de modelo de defensa de Elena, la propia asesoría jurídica de Interior presentó recurso de apelación para pedir la rebaja de la condena. Un caso sin precedentes que obligó al agente a buscarse una defensa externa, ya que su versión –y la de la sentencia condenatoria—había quedado cuestionada.
La DAI se inhibe
El tercer caso hace referencia a la denuncia contra unos mossos por lesiones y atentado contra la integridad moral por hechos ocurridos en 2016 y que no dio lugar a ninguna actuación por parte de la División de Asuntos Internos de los Mossos.
Hubo sentencia condenatoria, pero la Consejería decidió retirar su defensa, abrir expediente disciplinario a los agentes y suspenderlos cautelarmente de funciones y sueldo. Tampoco hay precedentes de ese cambio de criterio, contrario a la presunción de inocencia y a toda la actuación anterior del departamento.