Como el Govern del expresident prófugo Carles Puigdemont antes del referéndum ilegal del 1-O. Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo y número tres de Ada Colau en Barcelona, ha quitado a los funcionarios la potestad de vetar nuevos pisos turísticos en la ciudad, evitando así que los empleados públicos encajen querellas por posible prevaricación.
Es lo que consigna un decreto de alcaldía reciente firmado por la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, que concentra en la gerente de Urbanismo, Laia Grau, la potestad de instruir y resolver los expedientes sancionadores contra pisos turísticos que se incoen con arreglo a la ley de 18/2020 Facilitación de la Actividad Económica.
Gerentes y concejales de distrito, protegidos
El texto municipal anula otro anterior por el cual los gerentes de distrito y los concejales de zona asumían competencias en materia de vivienda turística y otros alojamientos vacacionales.
Ello significa que quedan protegidos, informan fuentes de la oposición, si alguno de los expedientes se resuelve positivamente y hay sanción y revocación de la licencia. Descarta que sus titulares se puedan querellas penalmente contra ellos.
Los 69 apartamentos de Sants
El movimiento coincide con la polémica sobre un nuevo bloque de pisos turísticos en la calle Tarragona de Sants, que incluye 120 nuevas licencias. El dueño del inmueble aprovechó una rendija legal cuando el Tribunal Supremo derribó el plan hotelero de Ada Colau para tramitar los permisos.
Ante ello, el gobierno municipal ha anunciado que vetará 69 de las 120 unidades acogiéndose a la citada ley económica. Lo hace el equipo de Colau --y Janet Sanz-- ante las críticas públicas por haber permitido un centenar de apartamentos turísticos en un solo bloque pese a sus políticas contra el turismo masivo.
Seis pisos más
De hecho, hoy mismo el consistorio ha admitido a El Periódico que tendrá que dar el visto bueno a otros seis pisos turísticos porque sus propietarios tramitaron las licencias durante el tiempo en el que el plan hotelero estaba anulado.
En este contexto, el gobierno local ha anunciado su intención de vetarlos por medio de una rendija legal que abre la ley 18/2020. Antes de que pase, el área de Sanz ha concentrado atribuciones para evitar la aperturas de más causas penales a su equipo, que se sumarían a la abierta por la casa okupa Buenos Aires.