La justicia investiga a la familia de Xavier Trias por prevaricación urbanística

Un juzgado de Figueres investiga a la familia de Xavier Trias por un presunto delito de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio cometidos por los responsables del camping La Ballena Alegre, una sociedad gestionada por el hijo mayor del exalcalde de Barcelona y candidato de Junts, Àlex Trias Arraut. En el Consejo de Administración se encuentran también otros miembros de la familia de la mujer del dirigente catalán.

La Fiscalía denunció en 2019 que en un centenar de bungalós del camping, ubicado en Sant Pere Pescador (Girona), fueron construidos de forma irregular. De acuerdo con el Ministerio Fiscal, se elevaron sobre una zona no urbanizable al tratarse de una zona protegida de costa. La noticia, que ha avanzado El Mundo, llega a menos de tres semanas de las decisivas elecciones municipales del día 28.

Más implicados

Un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso el medio citado apunta a que los responsables del camping hicieron una "mala interpretación" de la normativa "en un burdo intento de conseguir autorización para actuaciones ilegales". El documento podría demostrar el cumplimiento de unos delitos de responsabilidad penal.

Los hechos no salpicarían solo al hijo de Trias, sino también a los arquitectos y constructores involucrados en el proyecto. Pero eso no es todo, el documento del cuerpo policial señala también la implicación de diferentes partidos políticos en activo, como el alcalde de Sant Pere Pescador hasta 2015 y senador de ERC desde 2016, Jordi Martí Deulofue, y al actual alcalde Agustí Badosa (JxCat) por haber autorizado las obras de sustitución de parcelas por unas permanentes que incumplen la norma.

Más construcciones ilegales

Además, el informe apunta a que esta no sería la única ilegalidad cometida por la empresa de la familia Trias. La Guardia Civil expone que, junto con estos albergues, se habrían llevado a cabo otras construcciones "dentro de los límites del espacio público marítimo, vulnerando cuanto previene la Ley de Costas", como un gimnasio, un bar o un restaurante.

En este sentido, el fiscal explica que la Junta del Gobierno Local autorizó los permisos para estas construcciones, aun sabiendo que eran irregulares e incumplían la normativa de urbanismo. "La norma impide a los ayuntamientos conceder licencias que contradigan esta legislación", relata el fiscal en el informe. Por eso, cree que hay indicios de prevaricación, de igual manera que lo sustenta la Guardia Civil.

15 expedientes analizados

El informe en cuestión analiza un total de 15 expedientes del Ayuntamiento de Sant Pere Pescador entre los años 1999 y 2018 que hacen referencia a las actuaciones llevadas a cabo en el camping del municipio investigado. Aun así, advierten de que hay dos delitos que ya están prescritos. Algo que no impide, según puntualiza el documento, derribar las construcciones para adecuarlas a la normativa vigente siempre que haya una sentencia condenatoria.

Fue el empresario turístico Víctor Latorre quien denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente los hechos después de reclamar durante años al gobierno municipal de Sant Pere Pescador y a la Generalitat las posibles irregularidades. El denunciante cree que la empresa propiedad del establecimiento actuó con impunidad por los vínculos políticos de Trias con las administraciones. A la espera de un segundo informe policial, el juzgado ha ordenado prorrogar seis meses más la investigación. También están a la espera de las testificaciones de los presuntos implicados en la trama.