Antifraude da oxígeno a Janet Sanz. El organismo fiscalizador, que lleva casi tres años sin fallar si hubo corrupción en un contrato de 1,2 millones adjudicado sin concurrencia por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, no dictaminará sobre esta causa hasta pasadas las elecciones municipales.
Alertan de ello fuentes de ADN Sindical, el primer sindicato corporativo de la seguridad privada, que denunció los hechos a la Oficina Antifraude de Cataluña. El organismo de Miquel Àngel Gimeno lo admitió a trámite y vio fundamentos suficientes para abrir una investigación, pero todavía quedan meses hasta que sus conclusiones vean la luz.
Sanz respira tranquila
Así se lo han trasladado representantes de la oficina a los impulsores de la denuncia, alegando que los trabajadores del ente están "saturados". No habrá resolución alguna hasta "antes de fin de año", lo que dará margen suficiente a Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo y candidata a la reelección como concejal de la mano de la alcaldesa Ada Colau, para presentarse a los comicios sin ruido sobre este caso.
El sector ya avisó desde las páginas de este medio que la causa se estaba aguantando porque podía tener "carga política" e interferir en las municipales del próximo 28 de mayo. Sanz concurre de número tres de la lista de Barcelona en Comú, tras la alcaldesa y Jordi Martí.
"Un presupuesto falso"
La organización denunciante se reunió este jueves con interlocutores de Antifraude, que comunicaron el previsible retraso. A pesar de ello, el sindicato de seguridad privada mantiene la esperanza de que el caso tenga consecuencias, en especial por la presunta falsificación de un presupuesto por parte del consistorio.
Ocurrió después de que ADN pidiera explicaciones al consistorio. "Si no nos hubiesen contestado, legalmente no habría pasado nada, pero nos contestaron y nos dieron un presupuesto falso. Se han metido en un lío", aseguran desde el sindicato.
"Vergonzoso"
La organización recuerda que "no se ha fiscalizado nada" de la época de emergencia por la pandemia, un periodo que incluye casos como los relacionados con la compra de mascarillas. Sin embargo, en este episodio hay algo diferente: el documento aportado para justificar el gasto y cuya veracidad está en entredicho.
Se investiga el presunto amaño en un contrato sobre cortes de calles, que anticiparon al llamado urbanismo táctico y a las superislas durante la pandemia del coronavirus. El encargo tenía un presupuesto de 1,2 millones y terminó adjudicado por la vía de emergencia a Brothers Control SL, una firma sin experiencia y muy conflictiva. El sindicato lamenta la "pasividad" de las instituciones ante un caso como este y considera "vergonzoso" que se haya aportado "un presupuesto falso".