La justicia ha destapado irregularidades en otras oposiciones que pilotó la empresa que de las últimas oposiciones a funcionario en Cataluña, que terminaron en caos y que le han costado la cabeza a la directora general de Función Pública de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aflorado reuniones de tribunal de oposición que o no existieron o bien se falsificó su firma, ello en plena tormenta sobre cómo gestionó Cegos las pruebas de acceso a funcionario del pasado fin de semana. 

Según ha podido saber este medio de fuentes judiciales, el TSJC ha afeado el uso "extemporáneo" de firmas de reuniones de tribunal, alertando de que ello puede ser indicativo de que o bien estos encuentros no se celebraron o bien se falsificó su fecha. Lo acaba de hacer la segunda instancia judicial en la primera resolución que derriba las polémicas pruebas psicotécnicas de los Bomberos de 2020, como avanzó Crónica Global, y que también tuteló Cegos, antes llamada Tea Cegos. 

Polémica por el psicotécnico de la prueba de Bomberos

La jurisdicción contenciosa del TSJC ha anulado la prueba CTC o psicotécnica de las oposiciones 81/19.2 de acceso a la escala básica de Bomberos al considerarla no ajustada a normativa. Da por válida la versión de que los tests utilizados por Tea Cegos, la anterior denominación de la actual Cegos, no eran los fijados en las bases de la convocatoria, generando indefensión a los candidatos. 

Como consecuencia de ello, aquella prueba terminó con un abrumador 44% de descalificados. Muchos opositores protestaron, y algunos grupos se organizaron y acudieron a la justicia. Pese a ello, la empresa trató de "ocultar" el error. Finalmente, unos cuantos, con ayuda de un equipo de abogados, han logrado la nulidad de la prueba en el contencioso. Aunque hay más, pues otros aspirantes también han recurrido. 

Un tribunal de verano firmado en primavera

En ese marco, la sala hace una dura advertencia a empresa y Generalitat de Cataluña: la firma de una reunión del tribunal es "extemporánea". ¿A qué se refiere? A que se presentó una acta de una reunión oficial de la prueba de selección celebrada en el mes de julio de 2020, pero que llevaba la firma digital de mayo de 2021. Pese a esa disparidad de ocho meses, Generalitat de Cataluña y la empresa francesa --que en España tiene sede en Madrid-- las presentaron como prueba. 

La justicia no ha tragado y ha detectado el error, desbrozando la vía libre para la vía penal, destacan fuentes jurídicas. 

"Al borde de la falsedad documental"

Este medio ha preguntado a Catac-IAC, el sindicato que ha denunciado las oposiciones del pasado fin de semana, que también pilotó Cegos, ahora con su nuevo nombre comercial. El sindicato ha confirmado que existe una primera sentencia judicial sobre las oposiciones a Bomberos de 2020, aunque desconoce el contenido, pues acaba de emitirse y aún no ha llegado a las partes. 

Eso sí, esta plataforma recuerda que lleva "años" alertando de anomalías en las oposiciones de Generalitat de Cataluña, pues "bordean la prevaricación, cuando no la falsedad documental como en este caso". Y, también, por el hecho de que el Govern "recurre a los tribunales a la menor ocasión, pues los abogados los pagamos entre todos ls ciudadanos". 

"Se rompió la cadena de custodia"

Este sindicato, y otros, han denunciado un tsunami de presuntas malas prácticas en las pruebas de acceso a la función pública, a las que se presentaban unos 13.500 aspirantes para 1.850 plazas. Hubo exámenes que se suspendieron inesperadamente, aulas sin vigilante, agolpamiento de candidatos en una clase hasta el punto de que algunos "hicieron los tests en grupo" y otros graves incidentes. 

Para la parte social, que se ha constituido en plataforma conjunta, lo más grave es que "se rompió la cadena de custodia" de las pruebas, por lo que hubo posibilidad de manipulación de los resultados. Ante ello, vaticinan que "se tendrán que repetir, si no todos, una parte de ellos". 

Una alto cargo, destituida

El Govern ha admitido fallos "graves" y ha avanzado que sancionará a la empresa, que pilotaba por primera vez unas oposiciones externalizadas. Costaron 1,5 millones de euros, como avanzó Crónica Global, y han terminado costando la cabeza a Marta Martorell, ya exdirectora de Función Pública de la Generalitat de Cataluña.

El Ejecutivo la cesó por la polémica, y ya ha abierto un buzón de reclamaciones para que los opositores denuncien los episodios de mala praxis. Por su parte, la oposición, encabezada por el PSC, ha alertado de que un Govern "que no sabe organizar unas oposiciones no es el mejor para gobernar" un territorio, y ha pedido "llegar hasta el fondo del asunto" y centrar las responsabilidades en la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.