La exconsellera de Educación de la Generalitat y ahora eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no haberle dado acceso a los atestados de los Mossos d'Esquadra elaborados, según ella, "para reprimir a manifestantes independentistas".
Ponsatí ha explicado en un comunicado distribuido a través de Twitter que en 2022 registró una solicitud de información para tener acceso a los atestados, que fue inadmitida por el Govern catalán, "elaborados a raíz de hechos ocurridos tras manifestaciones de los últimos años, entre 2018 y 2020", y sobre los procedimientos penales que desencadenaron.
"Abrimos la vía judicial para frenar la represión de la Generalitat de Cataluña contra los independentistas y para evitar que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra pueda continuar actuando como cooperador necesario del Estado español", dice la dirigente ultranacionalista en su escrito.
"Colaboracionismo con el Estado"
Ponsatí cree que tiene derecho a conocer cuántos procedimientos penales se han iniciado "a raíz de los 455 atestados policiales de los Mossos d'Esquadra por las protestas independentistas en los que la Generalitat se haya personado como acusación particular".
En su escrito, la exconsellera dice que "la Generalitat debería estar protegiendo a los catalanes y, en cambio, se los está reprimiendo con la policía y acusando penalmente aprovechando la arbitrariedad de los atestados. Alguien les tiene que parar los pies". A su peculiar modo de ver, la actitud de la administración catalana "confirma, una vez más, el colaboracionismo de los Mossos d'Esquadra y Generalitat de Cataluña con el Estado español en lo que respecta a la represión del independentismo" (sic).
Volvió a España tras derogarse la sedición
La eurodiputada de Junts ha presentado su recurso contencioso para intentar acceder a esta información una vez agotadas las instancias donde puede pedirlo en la vía administrativa. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió su petición de ver los atestados.
Ponsatí, exconsellera de Educación del Govern de Carles Puigdemont y que, al igual que él, se fugó tras declarar la secesión unilateral de Cataluña en el Parlament en 2017 para evitar ser procesada, regresó a finales del pasado marzo a España --una vez derogado ya el delito de sedición por parte del Gobierno-- sin entregarse a las autoridades, a pesar de la orden de detención que pesa sobre ella. Tras dar una rueda de prensa por sorpresa en Barcelona, fue detenida por los Mossos en la calle y llevada ante el juez de guardia, que la dejó en libertad después de que así lo acordara el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.