El pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) favorable a la nueva ley educativa del Gobierno o ley Celaá ha dado lugar a interpretaciones de diversa índole en lo relativo a la vehicularidad del castellano en las autonomías bilingües como Cataluña, donde su uso como lengua docente está excluido en las aulas de la enseñanza pública.

Así, mientras el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray ha querido ver un supuesto aval a las leyes elaboradas por ésta para hacer "inaplicables" las sentencias que obligan a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña, las entidades defensoras del bilingüismo le advierten de lo contrario. Porque, si bien el TC apunta que de la Constitución no deriva la necesidad de establecer una "proporción del castellano" en las escuelas, también considera que debe haber "un patrón de equilibrio o igualdad" entre las lenguas "y un derecho efectivo a usarlas, que no niega la ley recurrida".

Aval al bilingüismo

Este último punto es clave, según entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Escuela de Todos y Hablamos Español, puesto que con ello se avala la vehicularidad tanto del catalán como del castellano, a pesar de la nueva legislación autonómica elaborada por la Generalitat para burlar las sentencias judiciales y seguir excluyendo a este último idioma en las aulas.

En este sentido, Hablamos español valora que del resumen anunciado por el Constitucional "se puede extraer" que este tribunal "se limita a recordar y a reiterar cuál es la doctrina establecida a partir de la sentencia de 1994: que ninguna de las dos lenguas oficiales puede ser excluida como vehicular; sin que esto quiera decir que sea contrario a la Constitución Española un sistema de líneas con cada lengua como vehicular, como ya avaló el TC en su sentencia 137/1986".

Resquemor por los porcentajes

Esta entidad, no obstante, lamenta al mismo tiempo que también "parece deducirse" que "no se respalda expresamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que aclaraba que un sistema con una presencia menor de una 25% de horas lectivas de castellano/español en materia troncal no cumpliría con los expresado en la doctrina del TC, ya que implicaría un uso del español tan residual que no podría considerarse verdaderamente como lengua vehicular".

A la espera de conocer "otros matices que sólo se podrán valorar" una vez se publique la sentencia del Constitucional, Hablamos Español explica que en este momento "está elaborando los recursos ante Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos para defender los derechos lingüísticos de varios alumnos, concretamente, de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares. Una vez sea publicada la sentencia sobre la Ley Celáa, podremos valorar con más detalle si existe una contradicción entre esta sentencia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que también es fuente de Derecho".

"En ningún caso avala la inmersión"

Por su parte, Escuela de Todos --plataforma que engloba a una veintena de entidades defensoras del bilingüismo en Cataluña-- valora que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es reafirmar que debe haber "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas". Por ello, esta entidad advierte de que "a los que pretender ver el aval a la exclusión del español en la escuela, les recomendamos la lectura de las sentencias 109/2049 y 114/2019". Un mensaje que puede interpretarse como una velada respuesta al conseller Cambray, ferviente defensor de la actual inmersión monolingüe obligatoria en catalán en la enseñanza pública.

Otro tanto piensa AEB, según la cual "el equilibrio y la proporcionalidad entre las lenguas oficiales en ningún caso avala la inmersión". A su juicio, "la resolución del Tribunal Constitucional no ampara la exclusión del español como lengua vehicular".