Las multas lingüísticas a bares y empresas se mantienen cinco años después de que el TC las tumbara

¿Puede acabar una queja o denuncia contra un camarero que atiende en castellano en multa? Con la actual normativa catalana sí. Cinco años después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara las multas lingüísticas en el ámbito del comercio, el Govern las mantiene. El año pasado, la Agencia Catalana del Consumo, dependiente de la Consejería de Empresa de la Generalitat, impuso 68 sanciones, que comportaron el pago de 112.606 euros, frente a las 16 correspondientes a 2021, que se saldaron con 17.350.

La pandemia supuso un punto de inflexión debido a la paralización de la actividad económica, pero este tipo de multas siguieron vigentes. Y se nutren en muchas ocasiones de denuncias de Plataforma per la Llengua, una entidad hipersubvencionada que incita a la delación de trabajadores que solo se expresan en castellano.

Recientemente, el Govern anunció, en el marco de sus cien medidas para frenar el retroceso de la lengua catalana, que las empresas podrán canjear esas sanciones por clases de catalán.

¿Cómo es posible que la Generalitat se salte la sentencia del Alto Tribunal? Éste fue muy explícito en su sentencia de 2018: recogiendo la jurisprudencia existente, señaló que, en el ámbito de las relaciones entre particulares --y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos--, no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales.

"Ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público, puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal, la obligación de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales", advirtió el alto tribunal. Y añadía: no cabe imponer cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo y, menos aún, "establecer régimen sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones individuales que nunca podrán ser tales".

Era la segunda vez que el TC se pronunciaba sobre el Código de Consumo de Cataluña. Y aunque la sentencia detallaba cómo debía ser interpretada la norma, no anulaba los preceptos recurridos por el PP, entre ellos, el apartado 1 del artículo 128-1 --que prevé el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan--.

Evolución

Las sanciones por vulneración de derechos lingüísticos están vigentes y así lo demuestran las memorias anuales de la Agencia Catalana de Consumo. La ley fue aprobada por el tripartito de izquierdas, aunque apenas la aplicó pues a los pocos meses fue sustituido por el gobierno de Artur Mas, especialmente activo en esa materia sancionadora.

En 2010 impuso 235 multas lingüísticas que le reportaron ingresos por valor de 221.525 euros (un 5,7% del total recaudado por infracciones relacionadas con las normas de consumo). Al año siguiente se cursaron 226 por valor de 176.110 euros. A partir de ahí, las cifras bajan, pero se recuperan en 2019 --un año después de la sentancia del TC--, con 94 multas, es decir, 55.575 euros.