La condena de Borràs, un mazazo para el victimismo independentista

La condena de Laura Borràs tiene una lectura política, como no podía ser de otra manera tratándose de la presidenta del Parlament y de Junts per Catalunya (JxCat). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado como hecho probado que la dirigente independentista cometió un delito al fraccionar contratos cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas y la condena a cuatro años de cárcel. Dicho de otra manera, hubo corrupción. Pero al solicitar el indulto --una medida de gracia que debe aplicar el Gobierno--, deja en suspenso el ingreso en prisión.

Ello supone un mazazo para el victimismo independentista en general y para JxCat en particular, que, a escasas semanas de las elecciones municipales, amenazaban con movilizarse contra la "represión del Estado". Pero tanto los jueces, como previsiblemente el Ejecutivo español, optarán por ser magnánimos. Otra cosa es que la medida de gracia se tenga que resolver después de las elecciones generales. Y es muy diferente la postura que tienen el PSOE y el PP al respecto. 

El riesgo de recurrir ante el Supremo

De ahí que un recurso ante el Tribunal Supremo encierre grandes peligros. En el mejor de los casos, el alto tribunal podría confirmar el indulto, pero quizá con un Ejecutivo conservador. O puede elevar la condena. Consciente o no, el TSJC ha lanzado un órdago a Borràs. De hecho, en medios judiciales ya se especulaba con una sentencia que "daría que hablar".

La condena de Borràs, la reciente detención de la fugada Clara Ponsatí y el posible regreso de Carles Puigdemont son los últimos cartuchos que les quedaba por quemar al independentismo partidario de la confrontación con el Estado. El activismo secesionista, se ha visto estos días tras el show de Ponsatí, está desmovilizado. Precisamente por esta estrategia de desinflamación del Gobierno de Sánchez y sus pactos con ERC, pero también con resoluciones judiciales como las de hoy.