Primeras reacciones a la sentencia por corrupción contra Laura Borràs, que la condena a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación, si bien el mismo tribunal que la ha juzgado ha pedido el indulto parcial de la pena de cárcel. Tanto el PSC como el Govern (ERC) la dan por amortizada y, mientras los socialistas le piden a la presidenta suspendida del Parlament que dé un paso al lado, los republicanos recuerdan que “las malas praxis no tienen cabida” en la Administración.
Borràs hace tiempo que se quedó sola en esta causa, que ella quiere enmarcar en la supuesta persecución del Estado al movimiento independentista. Sin embargo, salvo Junts, su partido, las otras formaciones secesionistas consideran que esta causa nada tiene que ver con su ideología, sino con una mala praxis en sede pública. De hecho, solo su núcleo duro y unas decenas de seguidores la han arropado ante el Parlament cuando ha comparecido para comentar esta sentencia “execrable”, en sus palabras.
Vilagrà la sentencia
En este contexto, el PSC le pide “responsabilidad” para que la todavía presidenta de la Cámara catalana, si bien que suspendida desde que se inició su procesamiento, dé “un paso al lado” y permita la elección pactada de un nuevo presidente para la institución a fin de recuperar la “normalidad” en el Parlament. Para la portavoz de los socialistas, Alícia Romero, esta interinidad en la presidencia del Parlamento regional es una anomalía que hay que resolver “cuanto antes mejor”.
Más dura, en el contexto de las cuitas internas del independentismo, se ha mostrado la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà (ERC), quien considera que la sentencia contra Borràs acredita “malas praxis” que “no tienen cabida en las instituciones catalanas”. Las juventudes republicanas incluso la han retratado como La Madrina, en un cartel en referencia a El Padrino.
Jovent Republicà retrata a Laura Borràs como 'La Madrina'
Es cierto, aun así, que Vilagrà ha emplazado a esperar a cómo finalizará el procedimiento, puesto que “los mismos jueces se han autoenmendado” al considerar “desproporcionada” la pena de cuatro años y medio de cárcel que la ley les obliga a imponer en este caso y por estos hechos.
En la misma línea, la CUP solicita la "dimisión inmediata" de Borràs.
Albiach quiere que dimita
En declaraciones a los medios en El Masnou (Barcelona), Vilagrà ha añadido que el Govern está “plenamente comprometido” con valores como la integridad, la mejora democrática y la honestidad, que “deben ser transversales en todas las instituciones catalanas”. Unas instituciones que han de ser, también “transparentes, abiertas y con buen gobierno”, en sus palabras.
Por parte de los comunes, Jéssica Albiach ha exigido la “dimisión inmediata” de Borràs como presidenta del Parlament. “Por primera vez, una presidenta del Parlament ha sido condenada por corrupción”, algo que era “previsible”, y pese a ello se ha aferrado al sillón. Para la líder de En Comú Podem, si se ha podido mantener en el cargo hasta ahora ha sido gracias al “partidismo de unos”, que han usado la Cámara como “escudo”, y a la “cobardía de otros”, que no lo han querido impedir.
Torra sale en su defensa
Desde el PPC, Lorena Roldán ha exigido que Borràs deje de ser diputada hoy mismo. “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no sea diputada ni un minuto más”, ha dicho. Y, si no renuncia, los populares recurrirán a la Junta Electoral Central (JEC). Asimismo, ha pedido al Gobierno que no la “beneficie” con un indulto, aunque ha apostillado que el Ejecutivo no tiene “ningún inconveniente” en aplicar esta medida de gracia a los independentistas, pues ya lo hizo con los condenados del 1-O. Del mismo modo, Vox reclama que la ahora condenada deje su acta de diputada.
Finalmente, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell considera que la condena es "desproporcionada", mientras el expresidente de la Generalitat Quim Torra (uno de los pocos apoyos de Borràs) ha defendido que se deje vacante la presidencia de la Cámara y el escaño pues no puede “imaginar que ningún independentista quiera ocupar el cargo de presidente del Parlament después de esta sentencia, ni por descontado que, cuando le sea retirado el escaño, nadie lo ocupe” a fin de “no normalizar la represión”.