¿Será gratuito el Registro Mercantil en España? ERC maniobra discretamente para que no sea así. Los republicanos se han entrometido en una batalla soterrada que se libra entre ministerios en el Congreso de los Diputados para evitar que las oficinas administrativas sean gratuitas, en contra de lo que pide la normativa comunitaria.
Informan de ello fuentes parlamentarias, que sitúan el conflicto en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara baja. Allí se debate en estos momentos el proyecto de ley que incluye la trasposición de una directiva europea, la 2017/1132, que exige que los registros nacionales pasen a ser gratuitos. La intención del Gobierno es aplicar la ley supranacional, algo que debería haberse hecho el 1 de agosto de 2021, pero continúa pendiente.
Justicia contra Economía
No obstante, las mismas fuentes recuerdan que el Ejecutivo podría no estar tan convencido de dar este paso. Se estima que el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, podría estar intentado que algunos partidos introdujeran enmiendas a la nueva ley. Con ello, querrían que se mantuviera el pago por algunos trámites del Registro. De este modo se protegerían los ingresos de la Administración central y también quedaría en salvaguardia el poderoso lobi de los registradores, "que tiene una gran influencia sobre Justicia".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en un compromiso oficial / Cedida
Estas intenciones, no obstante, chocan de frente con las intenciones del Ministerio de Asuntos Económicos, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, que sí aboga por trasponer la directiva comunitaria, aprobar la ley y conseguir que los trámites registrales no cuesten dinero.
Este medio ha contactado con los dos departamentos para conocer sus intenciones con la ley, sin obtener respuesta.
ERC, vehículo de transmisión
Sea como fuere, el pulso entre ministerios por el Registro Mercantil precisa de partidos políticos que les plasmen sus intereses. Fuentes parlamentarias lo tienen claro: será ERC. Justicia estaría tratando de utilizar a los republicanos para que presenten enmiendas a la tramitación de la pieza normativa. El objetivo sería blindar el pago de la totalidad o la parcialidad de los registros. Con este paso, los independentistas se ganarían un favor del Ministerio de Justicia que se podrían cobrar en otro plano.
Eso sí, desde el Congreso alertan de lo que ven como una contradicción. "Es muy difícil de entender que un partido progresista com Esquerra no quiera asegurar la gratuidad de un servicio público como los registros. Deberían explicarse", exigen. De hecho, este medio ha preguntado al grupo parlamentario de los nacionalistas en Madrid y también a su oficina de prensa central en Barcelona. No ha habido respuesta.
El Congreso lo avaló
Hay otra consecuencia política. Si la tramitación de la ley en comisión rebaja la gratuidad de los registros, se habrá pervertido un consenso casi total en el hemiciclo para impulsar la normativa. El pasado 20 de febrero, el Congreso apoyó la trasposición de diversas directivas europeas, incluida la que concierne a las oficinas empresariales.
Todos los partidos salvo Vox avalaron que se aborde por ley la modificación del Código de Comercio de 1885 para interconectar los registros a los del resto de Europa y que éstos puedan mostrar determinada información empresarial de forma gratuita a los ciudadanos. ¿Qué datos? La denominación y forma jurídica de la sociedad; el identificador europeo (EUID); la página web de la sociedad mercantil; los datos de sus representantes legales y las sucursales de la firma en otros Estados miembros de la Unión Europea.
España es una anomalía junto a Austria
Si el texto finaliza su tramitación sin incidencias, ve la luz y se aprueba en el Congreso, España abandonará la posición de anomalía junto a Austria como los dos únicos países comunitarios en los que los ciudadanos tienen que pagar para acceder a datos de empresas, almacenados en el Registro Mercantil. La mayoría de territorios del continente solo cobran una tasa por información en profundidad, tal como las cuentas anuales de la sociedad o para obtener un certificado oficial. Globalmente, los ciudadanos europeos pagan entre 1,20 y 24 euros para obtener la información que solicitan.
El exterior del Registro Mercantil de Barcelona, en referencia a la creación de empresas en Cataluña en octubre / EFE
La cuestión mollar es el montante económico que mueve el acceso de pago a las oficinas. El Colegio de Registradores de España se ha mostrado históricamente contrario a la gratuidad, actuando en ocasiones de lobi para evitar que avanzara esta exigencia de Bruselas. De hecho, en 2021, la decana de la institución colegial, María Emilia Adán, tildó de "populista" la medida en una entrevista con El Confidencial.