La Diputación de Barcelona ha lanzado una consulta preliminar entre las entidades financieras relativa a su servicio de caja para la gestión de los impuestos de la institución supramunicipal. El movimiento, que puede consultarse aquí, llega un año antes de que venza la adjudicación en vigor concedida en 2021 a BBVA y Banco Sabadell y pretende recabar información de los operadores económicos antes de sacar los nuevos pliegos del concurso.
Hace dos años, los dos lotes de la contrata valorados en casi 10 millones de euros --4,4 millones y 5,1 millones, en concreto-- se licitaron en favor de estos grupos por parte del Organismo de Gestión Tributaria (ORGT). Este ente autónomo tiene funciones de gestión, inspección y recaudación de los tributos e ingresos de derecho público propios de la Diputación de Barcelona o delegados por los 311 ayuntamientos que conforman la corporación.
Reducción de oficinas
El servicio de caja se distribuyó en dos tareas complementarias. Por un lado, las liquidaciones impositivas mediante tarjetas de crédito y débito en los terminales de punto de venta (TPV) tanto virtuales como físicos. Por otro, los cobros domiciliados correspondientes a mandatos de clientes propios de las entidades adjudicatarias.
En el texto de la consulta se constata que "visto el resultado de esta contratación y la prestación del servicio que se está llevando a cabo por las entidades contratistas, la situación actual del mercado financiero, la reducción de oficinas bancarias y cajeros automáticos y las disponibilidades tecnológicas de las entidades financieras, se considera necesario estudiar el mercado y ver las soluciones actuales que se ofrecen".
Una persona sacando dinero de un cajero automático, en una imagen de archivo / EFE
Cajeros móviles
No es la única iniciativa de la institución en el ámbito de la gestión financiera. Según avanzó El Periódico, la Diputación de Barcelona scará a concurso la contratación de ofibuses o cajeros móviles para atender las necesidades de cien municipios que a día de hoy no disponen de terminales para sacar dinero en metálico y hacer otros trámites. Estos ATM ambulantes se concederán a la adjudicataria que presente ofertas económicas con comisiones más bajas.
Ya en febrero del año pasado la corporación pública anunció que instalaría cajeros automáticos en 60 municipios de hasta 5.000 habitantes de la demarcación. Lo hizo al calor del debate sobre la exclusión financiera que marcó el pasado ejercicio. Este medio ha pedido más información sobre ambos proyectos a la institución sin obtener respuesta.