El Gobierno español vuelve a mirar hacia otro lado ante el incumplimiento, por parte de la Generalitat de Cataluña, de las sentencias judiciales firmes que instan a dar al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo público de la autonomía. Si ya en marzo del año pasado la ministra de Educación, Pilar Alegría, advirtió de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez eludiría su tarea hacer efectivo en bilingüismo en las aulas catalanas, este martes ha hecho lo mismo el secretario de Estado del ramo, José Manuel Bar Cendón, según el cual a su departamento no le compete hacer cumplir las sentencias judiciales.
Esa ha sido la respuesta de este alto cargo y exdiputado del PSOE a las críticas formuladas por el PP en el Senado sobre la "nula autoridad" que ha tenido el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la materia.
"No le exija al ministerio algo que no le toca", aduce
Bar Cendón ha insistido en el habitual argumentario del Ejecutivo socialista para justificar su pasividad ante el rechazo e incumplimiento del Govern secesionista de impartir ese mínimo de 25% de clases en castellano en Cataluña. Según el secretario de Estado, la sentencia del TSJC debería cumplirse, pero a su juicio el ministerio --es decir, el poder Ejecutivo, no puede hacer nada al respecto: "Hay poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, esto es el ABC y, por tanto, son los tribunales los que se encargan de dictar y hacer cumplir las sentencias. No le exija al ministerio algo que no le puede tocar", ha esgrimido como excusa en su respuesta al senador popular Pablo Ruz Villanueva.
El PP ha lamentado la complicidad del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con sus socios secesionistas de ERC en esta cuestión, reprochándole que fuera "incapaz de aclarar la aplicación de la sentencia". Una dejación que ha acabado propiciando que "el TSJC haya tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Veníamos mal y estamos a peor".
Defender el bilingüismo es "ir contra Cataluña", según Junts
La imposición del monolingüismo obligatorio en catalán en el sistema educativo público de la Generalitat se ha evidenciado, de hecho, en las furibundas respuestas de las formaciones secesionistas: Junts per Catalunya y ERC. Por parte de los posconvergentes, su senadora Assumpció Castellví Auví ha enfatizado que en Cataluña "es el catalán la lengua vehicular", únicamente --algo que, de hecho, no han parado de repetir en los últimos años tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como su conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para quien dar clases en castellano es algo "aberrante"--. A pesar de tales constataciones, acto seguido la senadora ultranacionalista ha espetado: "Basta ya de envenenar la lengua, usarla como arma política y de inventar bulos. Es ir en contra de Cataluña".
Fiel al manual de estilo del nacionalismo, la senadora posconvergente ha identificado la defensa de la pluralidad y el bilingüismo con "ir contra Cataluña". Y, a pesar de las evidencias, ha añadido: "Nosotros no somos enemigos del castellano. Queremos que nuestros alumnos tengan un buen nivel de competencia lingüística del castellano, del inglés y del catalán", ha manifestado, dando por sentado que ese supuesto "buen nivel" se da impartiendo las clases únicamente en catalán, en vez de en dos o tres idiomas, como ocurre en escuelas privadas y concertadas plurilingües de la autonomía.
Desamparo del Defensor del Pueblo
Por su parte, la senadora de ERC, Adelina Escandell, ha criticado al PP por hablar del incumplimiento de la sentencia del 25% del castellano en Cataluña del cual alardean los propios dirigentes del Govern que encabeza su partido: "Repetir una y otra vez una mentira, eso es lo que están haciendo ustedes con la lengua", ha llegado a decir.
Al desamparo de los defensores del bilingüismo por parte del Gobierno español se suma también el del Defensor del Pueblo, que la semana pasada dio por cerrada su investigación sobre el acoso nacionalista a un niño y su familia de Canet por haber logrado que la aplicación, vía judicial, de un 25% de materias en castellano en su clase. El socialista Ángel Gabilondo pasó página sobre este tema sin adoptar medida alguna y dando por buenas las explicaciones autoexculpatorias de la Generalitat de Cataluña.