La ex Mesa del Parlament se escuda en la “inviolabilidad” para admitir las leyes de desconexión

Este martes ha comenzado la repetición del juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir la votación de las leyes de desconexión de 2017. Sin embargo, esgrimen que estaban amparados por la “inviolabilidad parlamentaria”.

Así lo han expuesto durante el turno de cuestiones previas los abogados Judit Gené --que representa a Corominas, Barrufet y Guinó, los tres de Junts-- y Raimon Tomàs --que representa a Simó, de ERC--, que han añadido, además, que la Abogacía del Estado no debería ser acusación en esta causa por falta de legitimación.

"La inviolabilidad parlamentaria o existe o no"

Los cuatro acusados están procesados por un presunto delito de desobediencia por tramitar leyes relacionadas con el proceso independentista que desobedecían al Tribunal Constitucional. En este sentido Gené, abogada de Corominas, Barrufet y Guinó, ha expuesto que "no es posible sustentar que el derecho de un diputado a votar está protegido por la inviolabilidad, pero el permitir que se vote no esté protegido por la inviolabilidad". "Mis clientes están aquí sentados ni más ni menos que por votar a favor de que el Parlament pudiera votar unas leyes", ha esgrimido.

En la misma línea el abogado de Anna Simó ha reivindicado que “la inviolabilidad parlamentaria o existe o no existe”. El letrado Raimon Tomàs, además, ha recordado que su defendida hace cinco años que no es aforada, por lo que el TSJC no tendría competencias para juzgarla ni a ella ni a los demás exmiembros, sino que tendría que hacerlo un juez ordinario.

Condenados en 2020

Los cuatro exmiembros de la mesa del Parlament --junto a Mireia Boya (CUP) que salió absuelta-- fueron juzgados en julio de 2020. En aquel entonces el TSJC los condenó a 20 meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros. Sin embargo el Tribunal Supremo ordenó que se repitiera el juicio al considerar que los tres magistrados vulneraron el principio de imparcialidad al pronunciarse antes de dictar sentencia.

Gené ha criticado que "el TS ha tardado más de dos años en anular este juicio, lo cual significa que la pena estaría cumplida con creces", y ha añadido que esto puede implicar una atenuante de dilaciones indebidas y una vulneración de derechos fundamentales.

Forcadell denuncia "maltrato"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que presidía la Mesa, se ha pronunciado a las puertas del TSJC, donde ha expresado que sus compañeros están siendo víctimas de "maltrato" y "represión". Según ella, "el único delito que cometieron fue defender la soberanía del Parlament y del pueblo de Cataluña, así como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y diputadas”.

"Continuaremos defendiendo la soberanía del Parlament. El único límite para la libertad de expresión debe ser el respeto a los derechos humanos, porque sino se entra en la censura y el Parlament ya no sería democrático”, ha denunciado.