La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sentado este lunes de nuevo ante el juez en la Ciutat de la Justícia, ahora como investigada por los delitos de coacción y prevaricación que se le imputan por, presuntamente, presionar al fondo de inversión Vauras para que ofreciera alquiler social en pisos de su propiedad en un edificio de Poble-sec. Ella lo niega y dice que "no hay caso".
La alcaldesa ha respondido a si, tal y como denunciaron los representantes del fondo de inversión finlandés, les presionó amenazándolos con no concederle una licencia de obras para rehabilitar el edificio si no ofrecían alquiler social a seis familias vulnerables del Bloc Llavors. Se ha desmarcado por completo de las acusaciones.
Linea policial en el desalojo del Bloc LLavors, en Poble-sec / SINDICAT DE BARRI
Vauras, multado con 417.000 euros
El Ayuntamiento de Barcelona multó a Vauras Investments con 417.000 euros de acuerdo a la Ley 24/2015 y tras negarse el fondo a acatar sus condiciones, si bien el consistorio anuló las sanciones después de que el Tribunal Constitucional decretara que la medida era inconstitucional. Sin embargo, la causa judicial contra Colau y varios de los concejales siguió adelante.
Por este mismo motivo el viernes 10 de marzo declararon el regidor del distrito de Sants-Montjuïc y concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación Ciudadana, Marc Serra, y la regidora de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín. De hecho, esta mañana la alcaldesa ha llegado arropada por la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez (BComú), y por Marc Serra (BComú) y su defensa, formada por los abogados Olga Tubau y Alex Solà.
"No hay caso"
Tras declarar ante el juez, Colau ha comparecido ante los medios para manifestar su tranquilidad y defender que todos los investigados se ciñeron al cumplimiento de la ley. "Ha ido muy bien, la declaración no ha durado ni 10 minutos porque no hay nada, no hay caso". La alcaldesa ha recordado que, de hecho, la jueza había archivado la causa y que fue la Audiencia Provincial de Barcelona quien pidió que se les tomara declaración. "Llevamos 11 querellas archivadas, no conozco a otros alcaldes que les haya pasado esto", ha arremetido contra el fondo buitre. El motivo, según ella, es que "estos grandes fondos no están acostumbrados a que les paren los pies y a que nos pongamos al lado de los más vulnerables".
La alcaldesa ha dicho que "volverá a declarar siempre que un lobi se lo requiera". Su única preocupación, asegura, es "que los fondos buitre sigan especulando y echando a los vecinos de sus casas" y que los alquileres suban de forma "descontrolada y desbocada" en la ciudad. "Hace ocho años que venimos alertando de la vulneración extrema del derecho a la vivienda. Nos sentimos desamparados y desatendidos por parte del Gobierno central. Pedro Sánchez hace cinco años que se comprometió conmigo a regular los alquileres y a poner límites a la especulación", un compromiso que, según ella, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha tratado de torpedear. Sin embargo, Colau no ha hecho referencia a sus promesas incumplidas acerca del parque de vivienda pública.