Los comunes declaran por "coacciones" a un fondo: "Fue legal y legítimo"

Dos concejales de Ada Colau han declarado este viernes ante el juez por el caso de presuntas coacciones y prevaricación contra el fondo de inversión Vauras. Los munícipes de Barcelona en Comú, Lucía Martín y Marc Serra, han justificado su actuación contra la firma inmobiliaria, que les acusa de amenazarles con vetar sus obras.

La instrucción del juzgado viene de la querella interpuesta por Vauras Investment, en 2020, los dos concejales en cuestión mantuvieron una reunión con representantes de la empresa en la que les "amenazaron" con detener las licencias de obras de edificios que estaba construyendo Vauras si no ofrecían pisos de alquiler social a las personas que estaban en viviendas propiedad del fondo en situación de impago.

Enfrentamientos entre un grupo vinculado al Sindicat de Llogaters y los Mossos d'Esquadra ante el Bloc Llavors de Sants / EFE

"Querían un trato de favor"

La propia alcaldesa tendrá que declarar este mes después de que la justicia anulara las multas con las que su ayuntmaiento sancionó al fondo de inversión. Sus concejales Martín y Serra lo han hecho este viernes, y han intentado argumentar que fue la compañía quien exigió un trato de favor y la que planteó condicionar la vivienda social y la priorización de sus obras.,

"Se abrieron a ofrecer alquiler social si nosotros les tramitábamos antes las licencias de obra. Querían un trato de favor y así se lo hemos contado a la jueza", ha asegurado Serra a los periodistas tras salir del juzgado. "Salimos muy satisfechos. Hemos podido explicarnos ante la jueza y desmontar una por una todas las acusaciones que nos hace el fondo Vauras Investments", ha manifestado el titular del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos, Ciudadanía y Participación.

Una protesta contra el desalojo del llamado 'Bloc Llavors', arrebatado por okupas a Vauras Investment / CG

"Mentiras"

"Hemos explicado a la jueza todas las mentiras y errores que contiene la querella y confiamos en que la causa se archive de nuevo", ha explicado Martín, responsable del área de Vivienda del consistorio. La empresa, en cambio, sostiene que el ayuntamiento le impuso hasta seis multas relacionadas con el incumplimiento de la legislación de vivienda que alcanzaban los 400.000 euros y que ello era un instrumento de "coacciones".

En 2020, la juez del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona decidió archivar la querella considerando que no había indicios de criminalidad, pero Vauras recurrió y la Audiencia Provincial decretó que debía reabrirse la causa y ordenó al mismo juzgado de instrucción que practicara más diligencias de investigación. Las multas se decretaton por el desahucio del bloque Llavors, que a juicio del ayuntamiento se hizo vulnerando la legislación. "Lo único que hicimos fue velar por que se cumpliera la ley de vivienda. Todo lo que hicimos fue legal y legítimo", ha afirmado Serra.