La fiscalía rebaja la pena a Isaías Herrero por confesar y mantiene la de Borràs

Isaías Herrero, el informático que presuntamente se benefició del fraccionamiento de contratos cuando Laura Borràs dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. Este miércoles, la fiscalía --encabezada por Assumpta Pujol y Teresa Duerto-- ha hecho una modificación en su escrito de conclusiones definitivas y ha rebajado la petición de condena para Herrero de los seis años de prisión que pedía inicialmente a los dos años de cárcel, así como a cinco años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.

En lo relativo al empresario Andreu Pujol rebaja la petición de condena de tres años de cárcel a un año y dos meses de prisión y tres de inhabilitación. Así lo ha decidido el ministerio público al tener en cuenta que han reconocido los hechos cometidos durante el juicio, por lo que se debe aplicar un atenuante de confesión. Para la presidenta de Junts, Laura Borràs, mantiene la petición de seis años de prisión y 21 de inhabilitación.

Borràs conocía la ley

La fiscalía ha expuesto que el objetivo desde que Laura Borràs asumió la dirección de la ILC en enero de 2013 estaba perfectamente planificado: elaborar un gran portal web de referencia que tuviese proyección internacional. Viendo la envergadura del proyecto, ha incidido la fiscal, que tanto Borràs como el exconseller de Cultura Ferran Mascarell defendieron durante el juicio, "¿cómo se puede pensar que podía hacerse mediante contratos menores, cuando estos tienen un carácter excepcional para pequeños trabajos? Es evidente que a base de contratos menores no era posible llevarlo a término sin infringir de manera clara y arbitraria la ley", ha apuntado la fiscal. 

Además, el ministerio público ha subrayado que antes de que la junta de gobierno de la ILC se reuniera, Borràs ya había decidido que el adjudicatario del proyecto sería su amigo Isaías Herrero. De hecho, en febrero de 2013, antes de reunirse con la junta de gobierno de la ILC y con la jefa de administración, Assumpta Pagespetit, ya le comunicó al informático que como en la ILC no se podían encargar varios proyectos a un mismo proveedor, --evidenciando que conocía la ley-- tendrían que fraccionar los contratos de forma que no superaran los 18.000 euros. En un correo, ha recordado la fiscal, la presidenta de Junts llegó a asegurar a su amigo que, para poder pagarle los 50.000 euros iniciales debía elaborar varios presupuestos. "Si ven que se ha fraccionado un encargo completo en varios paquetes pensarán que se ha hecho una irregularidad", rezaba el mensaje, en el que le indicaba que debía hacer contratos comparsa. Además, insiste Pujol, la presidenta de Junts llegó a modificar ella misma los conceptos de los presupuestos comparsa. 

Dan "credibilidad" a Pagespetit

La fiscal Teresa Duerto ha insistido en que Laura Borràs era quien "se encargaba de toda la gestión" relacionada con el desarrollo de la nueva web de la ILC, desde el contacto con los proveedores, pasando por los pagos, hasta la elección de los conceptos de los contratos. Además, sostiene que da "credibilidad" tanto a Assumpta Pagespetit, sobre la que Borràs descargó su responsabilidad, como a Roger Espar, quienes en aquel momento se encargaban de la administración de la ILC, porque "siempre han mantenido el mismo discurso, no lo han cambiado nunca y, por lo tanto, no se pueden alegar contradicciones en sus manifestaciones". En este sentido, el ministerio fiscal ha añadido que los funcionarios no solo dijeron a Borràs "que era necesario realizar contratos negociados y que Borràs les daba largas", sino que, en concreto, Roger Espar, llegó a enviarle modelos de contratos negociados que la directora nunca aplicó. Además, ha afeado a Borràs que descargue su responsabilidad en sus subordinados, que no tenían dentro de sus competencias la contratación, que le correspondía a ella. 

Además, Duerto ha evidenciado que, pese a que Borràs declaró el lunes que nadie le advirtió de que se estaba cometiendo una irregularidad y de que los informes fueron siempre favorables, sí que hubo intervenciones que señalaban que podía haber un fraccionamiento, aunque desconocían la "recurrencia" del mismo adjudicatario porque no sabían que detrás de todos los trabajos estaba Herrero. La fiscal ha rescatado un informe en el que se plasmaba que se había detectado "una continuidad contractual en varios expedientes como lo que hacía referencia a la traducción al inglés del portal". "Se detectó el fraccionamiento", ha espetado la fiscal, que ha añadido que los informes no solo no fueron favorables sino que hacían recomendaciones similares a las planteadas por Pagespetit y Espar.   

"Hay un antes y un después en la ILC"

Sobre la declaración de Laura Borràs, que expresó que la ILC solo trabajaba con contratos menores --hasta 850 al año-- la fiscal Teresa Duerto ha expuesto que "hay un antes y un después cuando Borràs llega a la ILC". La acusación púbica ha argumentado que, efectivamente, hasta la llegada de la presidenta de Junts, la entidad había hecho "proyectos pequeños" como conferencias, vídeos, intervenciones en programas o cursos "que tenían un coste inferior a 3.000 euros", y que por lo tanto se solventaban mediante contratos menores. Sin embargo, con la llegada de Borràs llegó también la idea del ambicioso proyecto del portal web, que en cualquier caso no podía resolverse por esa vía. Los argumentos de Duerto han molestado al abogado de Laura Borràs, Gonzalo Boye, al que el presidente del tribunal Jesús María Barrientos ha pedido que "no confronte a la fiscal". "No sabía que no podía mirar a quien está hablando", ha contestado en tono irónico el letrado. 

La fiscalía insiste en que la sentencia debe ser condenatoria para los tres acusados, que orquestaron un método para eludir los controles de gasto de la entidad. Decidieron elaborar “tres presupuestos en cada expediente, así no habría sospecha de que se estaba haciendo un fraccionamiento". Además, ha añadido que Borràs era plenamente consciente de que los presupuestos eran falsos y que “hay correos importantes” que así lo evidencian. Para muestra, Duerto ha leído uno de los mensajes enviados a Herrero en la que la acusada decía "me has pasado los conceptos, pero no los presupuestos. Esperas que los haga yo, pero no doy abasto: tengo que hacerlos con tipografías y formatos diferentes”, para simular que habían sido presentados por diversos proveedores. 

"300.000 euros que han servido de bien poco"

El ministerio público ha denunciado que la defensa de la presidenta suspendida del Parlament intentó desacreditar la investigación de los Mossos d'Esquadra insistiendo, a través de los peritos de parte --entre los que se encuentra Enrique Hellín, condenado por asesinar a Yolanda González-- , en que los agentes de la policía catalana "habían accedido y conectado dispositivos una vez terminado el registro en el domicilio de Herrero". Duerto ha evidenciado que intentaron distorsionar la realidad pero que "han tenido que recular", tras comprobarse en sede judicial que había un error en la hora. "Esto ya resta toda credibilidad al informe pericial de parte".

La fiscal Teresa Duerto sostiene que, a tenor de todas estas evidencias y en vista de sentencias previas, Laura Borràs habría incurrido en un delito de prevaricación. Entiende que se ha cometido una infracción arbitraria y patente de la ley de contratación pública. "El contrato menor es una excepción para satisfacer de manera rápida las necesidades de escasa cuantía de la Administración Pública, como las conferencias que organizaba la ILC", pero el proyecto de la web no encaja dentro de estos parámetros. "Se infringió de manera patente la ley de contratos del sector público", que dice que no se puede fraccionar un contrato para reducir la cuantía con el objetivo de "eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia". Por otro lado, el hecho de que Herrero trabajara de forma recurrente en la ILC, como aseguraron varios de los testigos, significa una omisión del procedimiento normativo con la única finalidad de beneficiarlo. En definitiva, "300.000 euros del erario público que se han gastado y que han servido de bien poco, porque la web en cuestión ni siquiera existe", ha expuesto Duerto, que alerta de que esta causa puede derivar en una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.