Este lunes ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la presidenta suspendida del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, por presuntamente haber fraccionado contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) Para beneficiar a su amigo Isaías Herrero. Ha sido la última en ofrecer su versión, tras practicarse la totalidad de la prueba, a petición de su defensa, que encabezan los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal.

Laura Borràs ha declarado que cuando llegó a la ILC, a petición del entonces conseller de Cultura, Ferran Mascarell, no tenía experiencia en Administración pública, por lo que confió en los funcionarios de la institución que tenían más bagaje. La presidenta de Junts ha explicado a la sala que confiaba “plenamente” en Assumpta Pagespetit, la que entonces era la jefa de administración, que era “muy minuciosa y muy exigente para llevar a término con la garantía requerida la faena encomendada”. Además, ha asegurado que "nunca" elaboró ninguna factura ni presupuesto, como sostiene la fiscalía. 

El interventor dio el OK

Borrás ha asegurado que ella le explicó que Mascarell le había encargado una transformación digital de la ILC y que fue Pagespetit quien le dijo que la ILC solo trabajaba mediante contratos menores. “Yo le explicaba lo que quería hacer y ella lo materializaba mediante los expedientes”, ha declarado. “Me dijo que preferiblemente los trabajos de carácter digital debían gestionarse a través del CTTI”, una posibilidad que descartó junto a Mascarell al considerar que la efectividad temporal sería mayor y que el coste sería menor si contrataba a Herrero, que además de informático era un creador digital de primer nivel: “El interventor nos dio el OK, por eso Pagespetit lo gestionó”.

A diferencia del resto de direcciones generales, ha añadido, en el caso de la ILC había una autorización de pago, por lo que se hacía “una supervisión de los gastos de la institución”. Según su declaración, había un interventor que no pagaba ninguna factura que no respondiese a los criterios legales y que revisaba que los expedientes fuesen correctos antes de efectuar los pagos. “Me sentía muy segura, más aún porque había un control extra: no una fiscalización posterior, sino una autorización de pago. Nadie me avisó de nada porque no había nada de lo que avisar”, ha dicho. Solo en una ocasión, ha reconocido que hubo un informe con deficiencias "leves" por parte del Departament de Cultura y que formularon alegaciones que fueron "aceptadas".

Señala a Pagespetit

“La señora Pagespetit me acompañó a la entrevista con el interventor y trabajó según consideraba que debían gestionarse los expedientes”, ha confirmado Borràs. Fue, según la presidenta de Junts, la jefa de administración quien le dijo “que los presupuestos mayores a 3.000 euros requerían de tres presupuestos por la Ley de Contratos de la Generalitat. Era absolutamente inflexible”, ha añadido en cuanto al modo de trabajar de la jefa de administración, de la que ha resaltado su profesionalidad. Por eso, ha incidido en que “nunca se vulneró la Ley de Contratos”.

A pesar del buen hacer de Pagespetit, en la que según ella confiaba ciegamente, Borràs ha declarado que acabó siendo la “intermediaria” entre ella e Isaías Herrero porque no se entendían. Pagespetit, que es muy “minuciosa”, decía que Herrero y ella “no hablaban el mismo lenguaje”. Por eso, ha expresado, le explicó en varios correos electrónicos de qué modo debía efectuar los presupuestos. De hecho, ha declarado que durante los nueve meses que Pagespetit estuvo de baja y la sustituyó Roger Espar se sintió “aliviada” porque ya no tenía que ocuparse de la comunicación con Herrero y podía dedicarse a su trabajo. No obstante, ha declarado que “Pagespetit estaba al corriente que detrás de todos los trabajos estaba Herrero y le dijo que no había ningún problema en que este facturara mediante cooperativas”.

Más de 800 contratos menores anuales

“La señora Assumpta Pagespetit trabajaba con corrección, elaboraba expedientes de 10 y velaba por su cumplimiento. Si no hubiese querido hacerlo, no lo habría hecho”, ha expresado. Sobre su declaración, en la que Pagespetit expresó que todo era “sospechoso” bajo la dirección de Borràs, esta ha expresado que ante un proceso judicial entiende que haya querido “sacarse de encima responsabilidad”.

Borràs ha declarado que la ILC solo gestionaba contratos menores, entre 800 y 850 al año, pero que respondía a los objetivos de la institución. “Yo hice 18 en cinco años”, ha declarado. Aun así, ha reconocido que la interventora le propuso hacer contratos negociados, que no hicieron en los años posteriores porque nunca tuvieron “ninguna advertencia de los interventores”. Según ella, nunca la avisaron porque “eran proyectos independientes, con vida propia fuera del portal”. Además, ha negado que Herrero --que despareció en 2017-- fuera el informático de la institución porque de este ámbito ya se encargaba el CTTI.

"Los contratos no estaban fraccionados"

La presidenta de Junts ha asegurado que cada contrato tenía un objeto diferente, por lo que nunca se vulneró la ley de contratos. "Los dominios propios ya indican que los contratos no estaban fraccionados", ha insistido Borràs. Un extremo que, según ella, podría demostrarse de no haber desaparecido el portal web que Herrero desarrolló. Además, ha expresado que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar que estaba siendo investigada, porque "fuera o no aforada" su trabajo fue "correcto, legal y dentro de los límites que marca la Administración". 

Borràs ha denunciado que ella no estaría sentada en el banquillo de los acusados si las webs no hubiesen desaparecido, si bien la Guardia Civil ha explicado durante la sesión de este lunes por la mañana que no creen que el portal se borrase al ser clonado. "He convivido cuatro años con la vinculación de mi nombre con la corrupción", ha asegurado visiblemente enfadada. "Yo siempre llevé a cabo un trabajo dentro de los márgenes de la legalidad y con unos resultados celebrados por la comunidad literaria". 

Se enfrenta a seis años de cárcel

Borràs ha declarado que en unos whatsapps Herrero le comunicó que había sido diagnosticado con bipolaridad y con esquizofrenia y que tenía un problema de drogodependencia por el que se estaba tratando con metadona. Por este motivo, decidió no seguir encargándole proyectos.

El informático imputado junto a la presidenta de Junts confesó los hechos ante el tribunal e incriminó a Borràs, asegurando que él elaboraba los presupuestos pero era ella quien le daba los datos. El otrora amigo de la presidenta suspendida del Parlament habría llegado a un pacto con la fiscalía para reducir su condena. El ministerio público pide para ella seis años de prisión y 21 años de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.