El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunieron en Barcelona este jueves. El encuentro --que no se anunció en las agendas públicas, fue discreto y duró una hora y media-- sirvió para ponerse al día y repasar temas de gestión que afectan a Cataluña. Cuestiones que, en un principio, debían valorarse en una mesa de diálogo que lleva tiempo postergándose por cuestiones de agenda.
De esta forma, Gobierno y Generalitat enfrían la posibilidad de volverse a reunir antes de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo.
Las citas electorales alejan la mesa de diálogo
Según ha avanzado La Vanguardia, Aragonès y Bolaños valoraron la relación de los dos gobiernos, después de que el PSC diese apoyo a los presupuestos de la Generalitat y en un año clave, también en el Congreso de los Diputados, con unos comicios generales a finales de año. Las distintas citas electorales alejan la posibilidad de que la mesa de diálogo pueda reunirse antes de mayo, tal y como reconoció la propia portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El último encuentro entre ambos gobiernos se produjo en julio de 2022.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que quita importancia a la cifra de empresas que se fueron por el 'procés' / GENCAT
Durante esa hora y media de charla, los presupuestos de la Generalitat fueron un punto clave. En este sentido, Aragonès le reconoció al ministro de la Presidencia que había costado mucho llegar a un pacto con la formación que preside Salvador Illa al ponerle condiciones difícilmente aceptables para ERC. Entre ellas, la ampliación del aeropuerto de El Prat y la construcción del cuarto cinturón. Finalmente, los republicanos cedieron pese a el coste "personal y electoral" que le suponía y que declaró el mismo Aragonès el día que alcanzaron un acuerdo.
El contexto judicial
Pero las cuentas no fueron lo único que trataron. Pues cabe recordar que este encuentro se produce en un contexto marcado por las decisiones del Tribunal Supremo y de la fiscalía de mantener las inhabilitaciones a los líderes del procés, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Pero también la situación del exsecretario general de la Conselleria de Economía, Josep Maria Jové, y del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a quienes la fiscalía les aplica malversación agravada y pide seis y siete años de cárcel, respectivamente, por la organización del 1-O pese a la reforma del Código Penal pactada entre independentistas y Gobierno.
El Gobierno habla de "normalidad institucional"
Por su parte, la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado en una entrevista en Cafè d'Idees de Ràdio 4 y La 2 que no hay fecha para una nueva reunión de la mesa de diálogo porque "se ha recuperado la normalidad institucional", ambos Ejecutivos hablan y dialogan "permanentemente" y no es necesario un "instrumento extraordinario". Así, ha normalizado mantener reuniones discretas como el producido el jueves en la Ciudad Condal: "En el marco de esta normalidad es habitual mantener encuentros que no forman parte de la agenda pública, porque no se va a resolver nada que tenga una incidencia para compartir con la opinión pública".
Pero desde la Generalitat no han tardado en matizar estas palabras, pues aseguran que no se puede hablar de "normalización" de las relaciones. De hecho, insisten en que aún hay varios temas encima de la mesa respecto a los que es conocida la "discrepancia " entre los dos gobiernos. Entre ellos, los clásicos: el impulso de un acuerdo de claridad que marque las condiciones mínimas para un referéndum de independencia pactado y la reclamación de una amnistía.