El Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona ha dictado este viernes el archivo de la querella interpuesta contra el concejal de Barcelona, Eloi Badia, en la que se le acusaba de un delito de prevaricación y otro de malversación por haber cedido un espacio en Gràcia a una asociación de okupas que allanó el inmueble en 2015.
La querella fue interpuesta en mayo de 2022 por la comunidad de propietarios del número 203 de la calle Torrent de l'Olla, donde se halla el local. Según los querellantes, Badia lo había cedido de forma fraudulenta en 2017 a la Associació de Joves de Gràcia ya que la cesión se había hecho a dedo y sin concurso público.
Badia, de retirada
No obstante, el auto de archivo del juez explica que ha desestimado la querella debido a que la concesión de locales de uso social, como el de este caso, es de libre designación por el ayuntamiento y no requiere concurso público. Por tanto, no puede haber delito en la actuación del concejal.
Badia anunció en enero que cuando concluya el mandato actual del gobierno municipal dejará la política institucional para centrarse en la paternidad de su hijo.
Problemas de convivencia
El edil firmó en 2017 un contrato con la Associació de Joves de Gràcia por el cual les cedía un espacio donde ubicar el autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gràcia.
Al margen de que no haya delito, el juez reconoce que ha quedado acreditado los problemas de convivencia generados por el colectivo que invadió el inmueble. Por ello, apunta que "necesariamente el Ayuntamiento de Barcelona deberá intervenir en aras a la convivencia pacífica de los ciudadanos".