La jueza del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha citado a declarar a Ada Colau como imputada por presuntos delitos de coacción y prevaricación al multar a Vauras Investment, la inmobiliaria que denunció a miembros del equipo municipal por presunta connivencia con okupas. La administración local sancionó a la compañía con 417.000 euros por no ofrecer alquiler social a los allanadores --con perfil vulnerable-- del edificio Bloc Llavors. Sin embargo, un juez revertió los cinco expedientes sancionadores.
La Audiencia de Barcelona también ha citado para el 10 de marzo a la concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, al concejal de distrito de Sants y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, y a una funcionaria municpal, concretamente a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda.
Un bloque polémico
La jueza investiga la querella presentada por Vauras, que acusa a Colau de presionarles para que destinen pisos de su propiedad a alquiler social. Cabe recordar que el fondo de inversión adquirió todo el edificio en el 2016 con el fin de rehabilitar las viviendas y venderlas.
Sin embargo, fue ocupado en 2017 y se convirtió en un escenario polémico. De hecho, el 21 de de mayo de 2021 los Mossos d’Esquadra desahuciaron a tres jóvenes que vivían en el inmueble. El desalojo del número 38 de la calle de Lleida se saldó con 60 activistas multados por desobediencia, tres investigados por atentado contra la autoridad, otros nueve por desórdenes y tres mossos heridos leves.
Unos hechos que ocurrieron el día después de la toma de posesión del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que optó al cargo gracias al apoyo de la CUP, que le criticaba por los desahucios.
Así pues, los responsables municipales se sentarán en el banquillo los días 10 y 13 de marzo, cuando faltarán dos meses y medio para las elecciones municipales. Por su parte, Colau ha asegurado estar “muy tranquila" y no tener "nada que esconder". En este sentido, confía en que el caso se archive. Asimismo, la candidata de Barcelona en Comú ha arremetido contra las empresas que, a su parecer, “hacen un mal uso” de la justicia.