El líder del PSC en Cataluña, Salvador Illa, ha defendido la presunción de inocencia de la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, que este viernes se enfrenta a las cuestiones previas de su juicio por corrupción. Cabe recordar que está acusada de fraccionar 18 contratos para encargarlos a un amigo sin tener que licitarlos cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
No obstante, el socialista ha mostrado su "respeto personal" hacia la posconvergente, pese a las diferencias políticas. Y ha asegurado que su partido cree en la presunción de inocencia: "A partir de ahí, la justicia hará su trabajo", ha agregado en declaraciones a Crónica Global.
El independentismo, dividido
Este viernes, en el TSJC arranca el juicio por corrupción contra Borràs, para quien la fiscalía pide seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 144.00 euros por presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental. Para una parte del independentismo, la posconvergente es víctima de la aplicación de un "Código Penal del enemigo", que la lleva a un juicio que no será justo. "No tendrá un juicio justo porque no ha tenido una instrucción justa", ha manifestado el secretario general del partido, Jordi Turull. Otros, en cambio, asumen que el caso Borràs no tiene nada que ver con eso, sino con una mala praxis.
Ese es, precisamente, uno de los argumentos que han dividido de nuevo al independentismo y que se ha evidenciado en las puertas de los tribunales. A las 9.30 horas, algunos representantes de JxCat --Turull, Aurora Madaula, Quim Torra, Jordi Puigneró o Albert Batet-- y una delegación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) --encabezada por su vicepresidente Jordi Pesarrodona-- han acudido para dar su apoyo a Borràs.
Sin embargo, han excusado su presencia otras caras destacadas como Xavier Trias --candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona que es muy consciente de que relacionarse con las siglas no le beneficiará de cara a las municipales--, la CUP y ERC.
Ambos partidos excusaron su presencia en la concentración de apoyo al considerar que el caso Borràs “no tiene nada que ver con la represión política”, sino con un mala gestión de recursos públicos. Un argumento que ha vuelto a defender hoy el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en declaraciones desde Francia ha justificado su ausencia en la concentración: "Será el TSJC quien decida si hay o no delito".