El expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que se declare incompetente y que envíe su causa por el procés secesionista a un juzgado de Cataluña. La defensa del exmandatario convergente utiliza la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que avaló las euroórdenes de propio Llarena para su captura, y aduce que el alto tribunal no tiene competencia, según él, para continuar con su procedimiento.



Los abogados de Puigdemont --huido de la justicia en Bélgica tras haber llevado a cabo un referéndum ilegal de secesión y una declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017-- han presentado un escrito de alegaciones contra la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden imputar a Puigdemont por malversación y desórdenes públicos agravados --penas que suman hasta 17 años de prisión--, a pesar de que Llarena sólo lo reclama por el primero de esos dos delitos.

Quiere un juzgado de Cataluña

Al igual que en ocasiones anteriores, la defensa del prófugo, encabezada por Gonzalo Boye, insiste en que el Supremo no es, a su entender, competente para juzgarle, sino que eso debería hacerlo un juzgado de Cataluña. Sin embargo, que tanto el alto tribunal como el Constitucional han avalado siempre la competencia del Supremo para juzgar el golpe de los líderes secesionistas al Estado de 2017.



Puigdemont utiliza la reciente sentencia del TJUE que limita las opciones de Bélgica de rechazar su entrega a España interpretándola a su manera, al entender que pese a todo le beneficia porque deja un resquicio abierto a forzar al Supremo a renunciar a su competencia en este procedimiento. Según sus abogados, la Sala de lo Penal del alto tribunal "ni puede ni debe continuar conociendo del presente procedimiento so riesgo de vulnerar los derechos fundamentales".

Las trabas de Bélgica

En este sentido, la defensa del prófugo da por hecho que si el Supremo no renuncia a juzgarle, "otro Estado miembro" alegará que no entrega a Puigdemont porque el alto tribunal no es competente, al parecer en alusión a Bélgica.



"Se puede acordar en el sentido de carecer de competencia ahora o esperar a que esto sea determinado por alguna autoridad de ejecución de otro Estado miembro que, sin duda, acatará lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de enero de 2023 o, peor aún, esperar a que así lo dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", esgrime Boye.