La última sentencia judicial sobre el derecho de las familiares a escolarizar a sus hijos en castellano es novedosa, pues por primera vez prescinde de porcentajes lingüísticos. Asimismo, supera el bloqueo que ha supuesto la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la ley y el decreto aprobados por la Generalitat para soslayar el 25% de asignaturas en español dictaminada por los tribunales. Pero también hay dos lecturas políticas.
El fallo supone un gran mazazo al pacto entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez para que el Gobierno no impugne esas normas catalanas. "Ha habido un acuerdo por el catalán, no nos impugnan la ley", confesó el propio president. Y compromete el apoyo del PSC a una ley catalana que podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional (TC).
El Palacio de Justicia de Cataluña, sede del TSJC / EUROPA PRESS
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha reconocido por primera vez el derecho de una alumna a recibir una o varias asignaturas principales en castellano, sin aplicar porcentajes y eludiendo el bloqueo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra las leyes catalanas que regulan los usos lingüísticos en las escuelas.
La sala da prioridad a que el español sea vehicular y no quede reducido a una presencia residual, según indica el fallo, que es firme y supone un gran revulsivo para la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y para Impulso Ciudadano. Ambas entidades, que asesoran a las familias recurrentes, acumulan numerosas victorias judiciales que la Consejería de Educación de la Generalitat se niega a cumplir.
Un punto de inflexión
La obligación de impartir un mínimo del 25% de asignaturas en castellano supuso un punto de inflexión en esta lucha a favor de los derechos de los alumnos a ser escolarizados en su lengua materna. La Generalitat utilizó todos sus instrumentos políticos para soslayar las órdenes judiciales, de ahí la aprobación de Ley del Parlament 8/22, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, según la cual el catalán es vehicular, mientras que reconocía el castellano como lengua curricular.
Esta ley, impulsada por ERC y Junts per Catalunya y que contó con el apoyo de PSC y los comunes, buscaba la flexibilización de la inmersión como vía para desencallar el conflicto lingüístico. Por el contrario, los socialistas no dieron respaldo al decreto Ley 6/22, que incluye una referencia expresa a la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas. El TSJC presentó una cuestión de inconstitucionalidad sobre ambas normas ante el Tribunal Constitucional, pendiente de resolución y que ha servido como argumento para que la Consejería de Educación se negara a aplicar las sentencias. La sentencia de ayer soslaya el bloqueo.
Aragonès admitió que uno de los temas de negociación con el presidente Sánchez fue el compromiso del Gobierno de no impugnar la ley y el decreto. El dirigente catalán confirmaba así los rumores que apuntaban a ese pacto lingüístico, que se une a la polémica reforma de los delitos sedición y de la malversación, dirigida a suavizar las penas aplicadas a los dirigentes investigados por el referéndum ilegal de independencia de 2017.