La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha dado a conocer este jueves su informe 22/2022, relativo a los gastos de personal en la Consejería de Presidencia de la Generalitat durante el ejercicio de 2020. El trabajo de fiscalización de este órgano revela que, a lo largo de ese año --el último del mandato de Quim Torra, hasta su inhabilitación el 28 de septiembre-- se produjeron diversas situaciones irregulares en la gestión de la contratación.

Según el informe, tan sólo la Consejería de Presidencia del Govern contó en 2020 con un total de 713 puestos de trabajo: 583 de ellos, de funcionarios, 78 de personal laboral, y 52 de eventual. Del total, 637 estaban presupuestadao y, de éstos, 607 estaban ocupados. El presupuesto inicial de gastos personal ese año fue de 39,34 millones de euros y representaba al 6,44% del presupuesto inicial de la consejería.

Casi un tercio de Presidencia, personal temporal

Es en el apartado de conclusiones del informe donde se presentan algunas de las observaciones más llamativas. Entre ellas, que al cierre de 2020 el 29,34% de la plantilla --es decir, casi un tercio-- tenía un vínculo temporal, correspondiendo un 87,96% de casos a puestos de trabajo vacantes, un 4,71% a sustituciones, un 3,67% a refuerzos por exceso o acumulación de tareas de tareas y un 3,66% a personal por ejecución de programas. Asimismo, el 37,5% de personal funcionario y laboral que ocupaba vacantes llevaban más de cinco años en las mismas.

Entre las irregularidades detectadas, la Sindicatura de Cuentas detecta que en 51 funcionarios en comisión de servicios --sobre un total de 81-- se había superado el plazo máximo legal de dos años fijado en la normativa. En 26 casos había una reserva de sitio, y en 18 la comisión registraba una duración de entre 5 y 16 años.

También sorprende que, de una muestra de 41 funcionarios, ocho de ellos ocuparan plazas a las cuales accedieron sin un procedimiento de selección publicado en la plataforma del empleado de la Administración de la Generalitat: el llamado portal ATRI. Tampoco se publicaron en esta web las convocatorias para cubrir cinco puestos de trabajo mediante asignación temporal de funciones.

Incumplimientos de la normativa

Además, la Consejería de Presidencia cubrió de forma provisional por encargo de funciones 13 puestos de mando que, a cierre de 2020, registraban un tiempo ocupado en el mismo lugar de trabajo de entre ocho meses y 11 años. Según la normativa, no se pueden cubrir provisionalmente con encargo de funciones puestos de mando que tengan que provenir por sistema de libre designación.

La Sindicatura de Cuentas también denuncia que, en la revisión de controles horarios de 27 trabajadores --seleccionados a criterio del auditor y correspondientes a enero y febrero de 2020--, se detectaron varios incumplimientos más de la normativa aplicable al personal eventual.

El organismo fiscalizador de la Administración catalana aporta en su informe diversas recomendariones para corregir algunas de estas deficiencias.

Fraccionamiento de contratos en el Consell General d'Aran

En otro de los nuevos informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, correspondiente al ejercicio 2019, y relativo al Consell General d'Aran --el órgano de gobierno autónomo del Valle de Arán-- se aportan otros nueve puntos a mejorar. En concreto, el organismo ha detectado incidencias en la contratación separada de prestaciones, que a su juicio tendrían que haber sido objeto de un único contrato. A su modo de ver, constituirían un fraccionamiento indebido del contrato y, en consecuencia, un incumplimiento de la Ley de contratos del sector público.

El informe concerniente al Valle de Arán también ha detectado que el Consell no elaboró el Plan anual de control financiero ni el informe de control permanente, entre otras anomalías. Como por ejemplo que la relación de puestos de trabajo no incluyera las retribuciones complementarias y que, desde el ejercicio 2006, la Tesorería está ocupada de forma accidental por un funcionario. El informe también aprecia carencias en el inventario de bienes del Consell que tendrían que corregirse.

Por otra parte, el documento que fiscaliza el ejercicio del Consell Comarcal del Garraf señala, entre otras cuestiones, que su Tesorería está ocupada desde 2012 por la gerencia de la entidad, sin que se pidiera una persona para cubrir la plaza.

El caso de los bomberos

El texto fiscalizador de los gastos de personal de los Bomberos de la Generalitat del 2018 apunta que no hubo un informe preceptivo de intervención en la convocatoria 81/18, y que tampoco se regulaban las adscripciones de los funcionarios de carrera pendientes de su primer destino.

Asimismo, el informe sobre el ejercicio 2019 del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) destaca que no se firmó ningún contrato programa con la Generalitat y que en 21 licitaciones no se detalló suficientemente la ponderación.