La okupación de vivienda, la otra arma electoral de Junts contra ERC

Junts per Catalunya (JxCat) ha intensificado en las últimas semanas su discurso contra la okupación de viviendas. Su salida del Govern le ha dado alas para hacer campaña contra los allanamientos tras la renuncia del Ejecutivo autonómico --supeditado presupuestariamente a los comunes-- a impulsar medidas y reactivar las reformas que los neoconvergentes propusieron al respecto cuando formaban parte del Consell Executiu.

Se trata de la otra arma electoral de Junts contra ERC, la que trasciende el debate sobre la independencia y que puede darle réditos electorales en las elecciones municipales de 2023. Sin embargo, se trata de un arma de doble filo. En Barcelona, el candidato Xavier Trias va a tener que dar explicaciones sobre la cesión de Can Vies a los okupas cuando era alcalde de la ciudad, algo que contradice el discurso actual de su partido.

Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia, lidera esa ofensiva contra los allanamientos, que incluye propuestas legislativas, charlas en el territorio y reuniones con los alcaldes, muy sensibles a esa cuestión.

El pasado jueves, Ciuró participaba en un acto sobre La injusticia de las ocupaciones y el derecho a la propiedad privada en Manresa, que venía precedido de una intensa campaña gráfica y documental de los neoconvergentes sobre esos allanamientos. Aseguran que, en los últimos diez años, las okupaciones han crecido un 550% y recuerdan el grave problema convivencial que supone para vecinos y alcaldes.

Medidas guardadas en un cajón

La exconsejera, que no pudo reformar el Código Civil catalán debido a la ruptura de Junts con ERC y la consiguiente salida del Govern, promete ahora culminar esas modificaciones. En este sentido, a principios de diciembre, los neoconvergentes presentaron una proposición de ley para combatir las ocupaciones conflictivas y reactivar el trabajo que Ciuró y la exconsejera de Derechos Sociales Violant Cervera habían comenzado y que, según denuncian, “el actual Gobierno de ERC ha guardado en un cajón”.

Tal como publicó Crónica Global, la llegada de Gemma Ubasart a la Consejería de Justicia estuvo acompañada de la paralización de las iniciativas proyectadas para combatir la okupación ilegal. En Cataluña, argumentó su predecesora, se producen el 45% de las usurpaciones de toda España y hay más de 7.300 denuncias interpuestas en los juzgados por allanamientos.

Reforma del Código Civil catalán

Con esta finalidad, Ciuró propuso en calidad de consellera modificar el libro V del Código Civil catalán para que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan pedir el desalojo del inmueble okupado ilegalmente cuando el propietario no lo haya hecho. La normativa catalana facultaría jurídicamente a los consistorios y comunidades para instar judicialmente la desokupación.

Así, cuando un ayuntamiento detecte que una finca okupada genera problemas de convivencia y orden público, deberá pedir al propietario que inicie la acción judicial de desempleo de la finca. Si en un mes esta acción no ha sido presentada a ningún tribunal competente, el ayuntamiento quedaría habilitado para activar esta acción e iniciar el procedimiento de desokupación.

La llegada de Ubasart

El anuncio ya provocó en su día reacciones contrarias por parte de los comunes, mientras que ERC, todavía socia de Govern, tomaba distancia de una medida incómoda. Ahora, los republicanos gobiernan en solitario, y Ubasart, exdirigente de Podemos, se muestra contraria a reactivar esas medidas. Pero es que, además, el reciente pacto presupuestario firmado por el Govern y En Comú Podem subraya de nuevo líneas rojas en este sentido. Los comunes ponen toda la presión --sobre todo fiscal-- sobre los grandes tenedores, así como en pisos vacíos que quieren poner en circulación.

Los comunes califican las medidas de Ciuró como una forma de “acelerar los desahucios” y ponen el acento en las posturas coincidentes que PSC y Junts tienen en este asunto. La contratación de Desokupa --empresa que utiliza métodos extrajudiciales para desalojar viviendas allanadas-- por el Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona), gobernado por Junts --el alcalde es Josep Triadó-- con el apoyo del PSC, cargó de argumentos a la confluencia de izquierdas. Los socialistas, contrarios a esos servicios, habían amenazado con romper el pacto. Finalmente, Triadó anuló el contrato.

Plan de choque

Junts propone instrumentos jurídicos para que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan hacer frente a las okupaciones, un plan de choque para luchar de manera eficiente contra las mafias especializadas en asaltos a viviendas; dotar de recursos económicos a los ayuntamientos para que puedan costear gastos derivados de los alojamientos de urgencia, y endurecer sanciones con condenas más altas y delitos más graves.

Los agentes inmobiliarios han apoyado la reforma de Junts, como publicó este medio. El colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña (API) han aplaudido la proposición de ley presentada.

Todo ello está enfocado a las elecciones municipales de 2023, donde la ocupación, junto a la inseguridad, serán temas clave. La posición de Junts le puede dar réditos, sobre todo en el área metropolitana. Pero se trata de un arma de doble filo en Barcelona, donde el candidato Xavier Trias tendrá que afrontar una gran polémica de pasado que contradice el actual discurso de Junts: la paralización de la demolición del ocupado edificio Can Vies, en el barrio de Sants, tras varias noches de violentos altercados. “Mi obligación era que no se crease un incendio más grande”, dijo para justificar la cesión cuando era alcalde de la ciudad.