La fiscalía del Tribunal de Cuentas solicita 31.577 euros a tres cargos de la Mancomunidad de Municipios del Penedès – Garraf por el presunto pago de unas dietas irregulares a su expresidenta y alcaldesa de Canyelles (Barcelona) Rosa Huguet (Junts) entre 2016 y 2019.

El asunto se dirime este martes en un juicio en el Tribunal de Cuentas a raíz de una demanda de la Oficina Antifraude Catalana (OAC) por pagos presuntamente irregulares de la Mancomunidad a su expresidenta, que deriva de un informe emitido por la mencionada entidad en 2020 tras una exhausta investigación. La fiscalía considera responsables de estos pagos irregulares a tres cargos: al teniente de alcalde de Vilafranca del Penèdes (Barcelona) y vicepresidente de la Mancomunidad Aureli Ruiz (Junts), a un interventor y un secretario general que, según el ministerio público, tenían la obligación de velar por la buena gestión económica de los fondos de la entidad local.

Más de 40.000 euros por ir a reuniones

Lo que motivó la demanda por parte de la Oficina Antifraude fueron los presuntos pagos irregulares, en concepto de dietas, a la alcaldesa de Canyelles, que percibió entre 2016 y 2019 hasta 42.833 euros por ir a reuniones. Sin embargo Antifraude considera que solo ha podido acreditarse su “efectiva asistencia” a reuniones por un importe de 11.400 euros en dietas.

Huguet fue nombraba presidenta de la Mancomunidad Penedès-Garraf en 2015, cuando también salió elegida alcaldesa de Canyelles por Junts. El consistorio acordó una retribución de 40.000 euros brutos anuales para la nueva alcaldesa, en régimen de dedicación exclusiva, tratándose del salario máximo para los miembros de la corporación local teniendo en cuenta el tamaño del municipio. Un puesto que simultaneó con el de presidenta de la Mancomunidad, que le asignó una retribución en régimen de dedicación parcial del 25% de su jornada, de 800 euros en doce pagas anuales, pese a la "manifiesta incompatibilidad" de ambas actividades.

Solo fue a 138 reuniones

En 2016 Huguet rechazó esta cantidad, de forma que solo sería retribuida por su asistencia a las reuniones de órganos colegiados de la entidad. De este modo, entre 2016 y 2019 Huguet asistió a 138 reuniones de la junta de presidencia, un órgano no colegiado y del que la Oficina Antifraude no tuvo constancia hasta 2017, cuando ya se le investigaba por las presuntas irregularidades. Ahora, la fiscalía sostiene que, de las 135 reuniones a las que fue Huguet --no se levantaba acta, solo una nota de asistencia y temas tratados-- faltan por justificar las reuniones por las que cobró 31.433 euros.

Además de esta causa el Tribunal de Cuentas mantiene abierto otro procedimiento por los 122.075 euros que el mismo consistorio abonó a miembros del equipo de gobierno por su asistencia a reuniones de órganos colegiados externos que supuestamente carecen también de justificación.