Después de que el Congreso aprobara en un pleno extraordinario la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación de Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas mantiene la imputación de una treintena de secesionistas por el desvío de fondos públicos para financiar el procés y anuncia que los llevará a juicio.
Así lo comunicó la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez Salguero en la audiencia previa que tuvo lugar el viernes, en la que decidió enviar a juicio a los exdirigentes, incluido al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, tras descartar la petición de inmunidad presentada por su abogado Gonzalo Boye.
Rechaza la inmunidad de Puigdemont
El expresident Carles Puigdemont se agarró a su condición de eurodiputado para alegar que cuenta con inmunidad jurídica, una estrategia seguida también por los exconsellers Clara Ponsatí y Antoni Comín. Sin embargo, Hernáez recordó que se pueden acoger a esta condición frente a un proceso penal, que se dirime en paralelo, pero no en uno en el que se reclama la devolución de un dinero expoliado a las arcas públicas.
La consejera del Tribunal de Cuentas también rechazó la petición de Boye, que solicitó la declaración del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el juicio por "certificar la corrección de las cuentas públicas”. Hernáez considera que su comparecencia es “innecesaria e improcedente”, puesto que en el juicio de dirimirá una cuestión “técnica”.
La fiscalía rebaja la cantidad reclamada
Por su parte, la fiscalía ha rebajado nuevamente la cantidad reclamada a los investigados. Si inicialmente había rebajado de los 9,5 a los 3,4 los millones desviaos para financiar el procés, ahora sitúa la cifra en poco más de tres millones.