JxCat presenta enmiendas para despenalizar la malversación si se cumple el programa

JxCat ha presentado enmiendas a la reforma del Código Penal en relación con el delito de malversación para evitar que se pueda tipificar como tal una acción política que cumpla con el programa electoral sin beneficiarse de forma ilegítima del dinero público. 

Así lo ha explicado la portavoz de la formación en el Congreso, Miriam Nogueras, en una entrevista concedida a Efe en la que señala que JxCat quiere dar un paso más allá que el que tratan de acordar el Gobierno central y ERC para modificar el delito de malversación. 

Contra la reforma de 2015

En concreto, la intención de la formación que preside Laura Borràs es que los jueces no dispongan de una herramienta que les permita tipificar como corrupción el cumplimiento de un programa electoral que tenga como fin último la independencia. 

De esta forma, se revertiría la reforma que introdujo el primer Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 que, en opinión de JxCat, vino motivada por la consulta soberanista promovida el año anterior por Artur Mas. La intención de aquel cambio fue la penalización de la preparación del referéndum pese a que se trataba de un compromiso recogido en el programa electoral.

Retorcer la ley

Nogueras ha recordado que, en su día, el programa de CiU que incluía esta consulta no se impugnó lo que, a su juicio, llevó al Gobierno de los populares a “retorcer” la Ley para tipificar esa acción política como delito y corrupción”.

"La corrupción se combate con el Código Penal en la mano, pero la acción política se combate en las urnas. Son los ciudadanos los que deben decidir quién quieren que gestione sus recursos", ha recalcado Nogueras, que ha insistido en que "no puede ser que por ejecutar un programa electoral legal haya políticos que acaben en la cárcel".

Cumplir el programa

Para JxCat, sus enmiendas se justifican en el precepto de que no es lo mismo beneficiarse o beneficiar a terceros a costa del dinero público que destinar ese dinero a un uso que responde al cumplimiento de un programa electoral que ha sido validado, “aunque pueda ser considerado ilegítimo por la oposición o por un juez”.

La enmienda de JxCat propone modificar el artículo 432 del Código Penal para establecer penas de prisión "de tres a seis años" e inhabilitación "de seis a diez años" cuando una autoridad o funcionario público sustraiga o permita sustraer "con ánimo de lucro" fondos públicos que tengan a su cargo. También plantea penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación de diez a veinte años si "la malversación reviste especial gravedad" por el volumen de dinero sustraído o el daño al servicio público.