Carpetazo de la Generalitat a la consulta sobre los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Pese a que el Govern mantiene su voluntad de presentar una candidatura en solitario tras el fiasco de la dupla con Aragón, la Administración ha anulado el contrato adjudicado a Indra para brindar los servicios tecnológicos del plebiscito. Sin este apoyo, el proceso queda liquidado en la práctica, ya que a la propuesta catalana apenas le queda medio año para hacerse con la sede de las olimpiadas.
El pasado abril, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) licitó las tareas de apoyo informático de la consulta, que incluían tanto el registro de participación como el seguimiento y difusión de los resultados de la jornada y los controles de ciberseguridad. Indra se hizo con el encargo, valorado en casi 300.000 euros. Sin embargo, el pasado 15 de septiembre se concluyó "la imposibilidad de aprobar, convocar y ejecutar las consultas populares" durante el último trimestre de 2022.
Suspensión a escondidas
Un mes después, el contrato se resolvió por anulación de mutuo acuerdo entre compañía y Administración. Preguntada sobre esta cuestión, la oficina de prensa de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, que ha pilotado el proyecto olímpico, no ha respondido. Tampoco los contrarios al certamen deportivo en la cordillera, como plataformas como Stop JJOO, eran conscientes de esta suspensión, como ha averiguado Crónica Global.
El Govern sí confirmó a finales de julio que diseñaría una propuesta para convertirse en el único anfitrión de los Juegos de invierno de 2030. Propuesta que de hecho ya ha transmitido a representantes institucionales del territorio y ha remitido al Comité Olímpico Español (COE).
Versiones contrapuestas
Vilagrà llegó a afirmar que el Comité Olímpico Internacional (COI) les había "animado a mantener la candidatura olímpica viva", para lograr que Europa pusiera sobre la mesa un proyecto que pudiera competir con Canadá (Vancouver), EEUU (Salt Lake City) y Japón (Sapporo), que ya han avanzado sus planes.
Esta versión fue contradicha por el presidente del COE, Alejandro Blanco, que consideró que no había tiempo para una candidatura únicamente catalana para 2030, que se elegiría en Lausana (Suiza) durante el primer semestre de 2023. Blanco sí dejó abierta la puerta para 2034 animando al diálogo entre Cataluña y Aragón en busca de consenso, pese a que el proyecto naufragó por el reparto de las pruebas deportivas por comunidades.
Laura Vilagrà, consejera catalana de Presidencia, en una sesión de trabajo / EP
Dos consultas
En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico había asegurado hasta ahora que el plebiscito se mantenía en pie, solo que se dejaba para más adelante. Esto es, la consulta no se daba por suspendida. De hecho, en el marco de la subcomisión de seguimiento normativo y solución de conflictos Generalitat y Estado pactaron la no impugnación ante el Tribunal Constitucional de la modificación de la ley catalana de consultas que debe dar cobertura jurídica a la iniciativa.
Con esta reforma se pretendían convocar dos rondas de opinión en las dos veguerías de Alt Pirineu y Aran --que incluyen las comarcas de Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà y Pallars Sobirà--, por un lado, y de las tres comarcas de Berguedà, Ripollès y Solsonès. En caso de que se formalice finalmente la candidatura catalana para 2030, las consultas deberán volver a agendarse sacando nuevos decretos y un nuevo contrato para hallar a un socio tecnológico que dé soporte al proceso.
Proceso tortuoso
Esta vuelta de tuerca, que añade aún más dudas a un proyecto ya de por sí tortuoso, no quita que la Generalitat no haya andado su camino a solas. El 28 de julio, Vilagrà compartió con la mesa de representación territorial una propuesta técnica que incluye la celebración de 144 pruebas olímpicas y paralímpicas que movilizarán a más de 3.600 deportistas.
El plan prevé que las sedes deportivas de hielo se ubiquen en Barcelona, Badalona y Gavà, y las de nieve en La Molina, Masella, Espot, Baqueira Beret y Boí Taüll. Los saltos y las disciplinas de deslizamiento se harán fuera de la comunidad. El plazo máximo para saber si hay salida o no hay salida para Pirineos 2030 finalizará durante el primer semestre del próximo año.