Los protagonistas de la reforma de la sedición: la gestión de tiempo y relato, clave para PSOE y ERC

En el Palau de la Generalitat se guarda una enorme discreción sobre las negociaciones que, antes de fin de año, deben culminar con una reforma del delito de sedición. ¿Reforma, abolición o sustitución? Las interpretaciones son tan diversas como las críticas que suscita la gran apuesta de Pedro Sánchez, también dentro del PSOE. E igualmente en el PSC. “No se puede negar que hay preocupación en las bases respecto al coste electoral que puede suponer esa iniciativa”, explican desde la formación socialista catalana.

En cuanto a ERC, hay sensación de política de hechos consumados. “Los republicanos están atrapados, no pueden rechazar la propuesta”, aseguran fuentes soberanistas.

De ahí que ambos partidos necesiten de un relato con el que justificar esas discretísimas negociaciones, que se llevan a cabo a varios niveles, así como administrar bien sus tiempos. Porque, al margen de Pedro Sánchez y del presidente Pere Aragonès, los rostros visibles de una mesa de diálogo que se empeñan en separar del apoyo mutuo presupuestario, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el ministro de Presidencia Félix Bolaños, han intensificado sus contactos; mientras que en el Congreso, donde la reforma será abordada en la Comisión de Justicia, los encargados de que ésta llegue a buen puerto son Patxi López (PSOE), Jaume Asens (Unidas Podemos) y Gabriel Rufián (ERC).

Beneficios colaterales

En la sombra está Oriol Junqueras, que todavía ejerce una enorme influencia en la formación republicana --hasta hace unos días vetaba al PSC como aliado para aprobar los Presupuestos de la Generalitat--, algo que coloca a Aragonès en una situación incómoda. La reforma acaba de iniciar su trámite parlamentario, pero ya hay beneficios colaterales.

La ley trans, que había provocado una fuerte crisis en el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, queda en segundo plano, mientras que ERC puede demostrar que la mesa de diálogo avanza. Y el independentismo más duro, el que sigue ejerciendo Junts per Catalunya, carece de estrategia y de aliados.

Durísima oposición

PSOE y ERC necesitan, no obstante, administrar bien los tiempos para que esa modificación del Código Penal no les pase factura en las próximas elecciones. Y, sobre todo, no visualizar discrepancias internas.

A los socialistas les queda un año por delante para digerir lo que, según la durísima oposición de PP, Ciudadanos y Vox, supone sucumbir a las exigencias de los independentistas. Los fugados, con Carles Puigdemont en cabeza, se verán beneficiados por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados que acorta las condenas de cárcel e inhabilitación; mientras que los indultados, es decir, los que ya fueron condenados, también verán reducidas sus penas de inhabilitación y optar antes por un cargo público.

Aragonès insistía ayer en que esa reforma, que valora positivamente, no puede sustituir a la amnistía y el referéndum de autodeterminación que reclama Esquerra. Y, sobre todo, Junts per Catalunya, que no se mueve de su estrategia de dinamitar la mesa de diálogo y subestimar un cambio penal insuficiente. Los neoconvergentes quieren la derogación de un delito que todos los países de nuestro entorno contemplan.

Quitar argumentos a los independentistas

“Lo que ha hecho Pedro Sánchez es quitar argumentos a los independentistas, empeñados en echar leña al fuego”, apuntan fuentes parlamentarias.

Ya en su toma de investidura, el presidente del Gobierno español prometió la reforma del delito de sedición aplicado a los responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017. Pero quien realmente fue el precursor de esa medida es Miquel Iceta, que planteó la cuestión hace cinco años. Y fue duramente criticado por ello. Pero al margen de la pulcra estrategia PSOE, consistente en legislar y dar instrumentos para que los jueces tengan una abanico más amplio de interpretación, las declaraciones de sus socios de Gobierno no ayudan a avanzar con discreción y sin ruido en esos trabajos. Asens, uno de los negociadores, ha planteado que si a la derogación del delito de sedición se le añade una hipotética reforma del delito de malversación, podría ser una "pista de aterrizaje para la vuelta" de Puigdemont. La reflexión supone un paso atrás en el consenso logrado entre PSOE y los podemitas, que se habían posicionado con los independentistas a favor de la "desjudicialización" total del procés.