El PP ha presentado una batería de preguntas en el Congreso sobre los acuerdos suscritos por ayuntamientos catalanes con el Consejo para la República para instaurar una especie de DNI independentista. Los populares hará extensiva esta petición de explicaciones a la Delegación del Gobierno en Cataluña.
María de los Llanos de Luna, nueva diputada en el Congreso por Cataluña / EFE
Consistorios como Torres de Segre o Sant Pol de Mar han suscrito convenios oficiales de colaboración con el Consejo de la República –gobierno fake creado a la medida de Carles Puigdemont en Waterloo—con la finalidad de poner en marcha el “despliegue e implementación del uso de la Identidad Digital Republicana en equipamientos y servicios. “Eso permite crear una red de identificación alternativa para ir desconectando del uso del DNI español”, reza el plan piloto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Torres de Segre (Lleida), gobernado por Junts per Catalunya. Iniciativas similares se están llevando a cabo en otros municipios, como el de Sant Pol de Mar (Barcelona), donde gobierna ERC con el apoyo de la CUP
Por ello, la diputada del PP en el Congreso y exdelegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha presentado una serie de preguntas en el Congreso para saber qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para prohibir esta iniciativa secesionista.
El escrito presentado, al que ha tenido acceso Crónica Global, denuncia que "el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar ha firmado convenios de colaboración con el Consell de la República que preside el fugado Puigdemont 'para el impulso de un modelo de buenas prácticas en contratación pública y de la identidad digital republicana (IDR) como método de identificación de la ciudadanía'”. Eso permitirá “crear una red de identificación alternativa para ir desconectando del uso de DNI español” así como de llevar a cabo 'un consumo institucional republicano'".
Más de 300 municipios
Además "el convenio puede permitir el acceso del citado Consell de la República a los datos de los ciudadanos del municipio . El primer Ayuntamiento que firmó la meritada colaboración fue Torres de Segre "habiendo en la actualidad alrededor de 300 ayuntamientos catalanes que los han suscrito. Los instrumentos jurídicos para ejercer la competencia de control de la legalidad respecto a la actuación de la Administración Local están regulados en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el primero de los cuales es la revisión de las copias o extractos de los acuerdos de sus órganos de gobierno, que las Entidades Locales tiene el deber legal de remitir a las Delegaciones del Gobierno , de conformidad con el art.56.1 de la LBRL".
"Los delegados del Gobierno --añade-- son quienes tienen el deber de controlar la legalidad de la actuación de la Administración Local, así como “velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado. La Constitución preceptúa que las Administraciones Públicas deben servir al interés general bajo los principios de objetividad y neutralidad. Por tanto, ante la ilegalidad de los convenios, cuyo objeto contraviene los valores constitucionales por el sesgo ideológico y falta de neutralidad, además de la invasión de competencias exclusivas del Estado, como son las relativas al Documento Nacional de Identidad (que sustituyen por la “IDR” ), así como por la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos , en el supuesto de que se cedieran datos personales de los ciudadanos".
Las preguntas
Por todo ello, Llanos de Luna pregunta al Gobierno qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, en aras a solicitar la nulidad de los acuerdos para suscribir los citados Convenios y si esta la Delegación ha hecho requerimientos a los Ayuntamientos para que anulen los citados convenios de colaboración. "¿Ha interpuesto la Delegación del Gobierno en Cataluña demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa solicitando la nulidad de los convenios?", pregunta la diputada popular quien, cuando ejerció estas competencias en Cataluña, la Delegación interpuso 509 denuncias con relación al control de la legalidad en los ayuntamientos.
De Luna, asimismo, presentará un escrito en la Delegación del Gobierno de Cataluña para instar a su actual titular, Maria Eugènia Gay, a que anule esos convenios.