El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio a las formaciones políticas PdeCat y CDC y los ex tesoreros de esta última Germà Gordó, Daniel Osàcar y Andreu Viloca por el denomiado 'caso 3%', la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública. En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas.
La resolución judicial tiene lugar después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación contra una treintena de personas vinculadas con el gobierno de Artur Mas. Políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y pertenecientes a 16 entidades jurídicas, se sentarán en el banquillo por participar en una trama consistente en cobrar comisiones por adjudicación de obra pública para financiar ilegalmente CDC. Los investigadores consideran que, a pesar del cambio de siglas, CDC y PDECat son lo mismo.
El juez decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.
La trama
El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallès. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
El extesorero de CDC, Andreu Viloca, calificado como el 'conseguidor' por la Guardia Civil que investigó el caso 3% / EFE
Según la acusación, los tesoreros establecieron que el dinero de esas donaciones ilícitas se ingresara en fundaciones afines a CDC, como CatDem y Forum Barcelona, desde donde la formación recuperaba el dinero. De este modo, entre 2008 y 2015 logró 1,8 millones de euros –en cálculos de Anticorrupción— con este proceder, que afectaba a 31 adjudicaciones. Sin embargo, ninguno de los acusados ha incriminado a Mas en sus declaraciones.
El último paso consistía en alterar los concursos públicos, amañarlos para beneficiar a las empresas, en el mismo momento o en el futuro, que se avenían a aportar ese 3% que terminaba en las arcas de CDC. Asimismo, estas firmas eran “conscientes” del entramado ilícito, por lo que actuaron con el “afán de disimular estas donaciones”.