Los dirigentes secesionistas se aferran al borrador del informe de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el caso Pegasus en España --de la cual forman parte sus propios partidos-- para intentar desbaratar y deslegitimar los juicios pendientes por el procés catalán. Así lo ha reconocido este martes Gonzalo Boye, abogado entre otros del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, anunciando que presentará este documento --pendiente aún de aprobación en la Eurocámara-- ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El letrado considera que en el marco legal español existen "lagunas" para autorizar el seguimiento de personas, y ha explicado en TV3 que aportará este controvertido borrador para que el tribunal "valore en qué medida una de las partes tiene legitimidad para seguir en procedimiento cuando ha estado adquiriendo conocimiento secreto", según él, de las conversaciones de abogados con sus defendidos.

"España espía a la parte contraria en los procedimientos europeos, esto es inaudito", ha manifestado Boye, quien asegura haber entregado al TJUE resoluciones del Tribunal Supremo (TS) conforme este tribunal avaló, en su opinión, espiarle con Pegasus.

Campaña cuestionada por más de un centenar de académicos

En este sentido, cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia explicó el pasado 5 de mayo que la justicia española autorizó 18 escuchas, plenamente legales, a dirigentes del procés por el referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1-O de 2017. Una cifra muy alejada de los 65 independentistas que, según la ANC y otras entidades afines al nacionalismo gobernante en Cataluña, han sido espiados.

Esa estimación sobre la supuesta vigilancia a decenas de dirigentes secesionistas surge de un estudio de CitizenLab --una entidad dependiente de la Universidad de Toronto (UofT)-- que ya ha sido cuestionado por más de 120 académicos y expertos de varios países por las deficiencias metodológicas, falta de neutralidad, rigor y conflictos de intereses de los autores de dicho informe. Razones por las cuales han reclamado a la UofT una investigación externa e independiente para contrastar su fiabilidad. Una petición que ha sido rechazada por esta universidad, que mantiene una férrea opacidad sobre cómo elaboró el polémico informe de Citizenlab.

Entre las razones esgrimidas por estos expertos figuran, por ejemplo, la falta de transparencia del estudio de CitizenLab, la posible existencia de errores y falsos positivos de espionaje y el hecho de que uno de sus autores sea Elies Campo, un activista independentista sin licenciatura universitaria acabada ni experiencia en la elaboración de trabajos académicos, que además habría inflado su currículum atribuyéndose cargos en Telegram, compañía de la que fue colaborador externo sin remuneración ni vínculo contractual.

Sin pruebas de la mitad de los supuestos infectados

También desde el ámbito de la ciberseguridad han surgido voces que cuestionan el trabajo de CitizenLab. Jonathan Scott, investigador de softwares maliciosos de la Northcentral University de Arizona, publicó a principios de julio un documento de 60 páginas en el cual acusaba a este laboratorio de la Universidad de Toronto de falta de rigor y de anteponer los intereses de los independentistas a la verificación científica. Así, en una de sus páginas considera “evidente que la presión para publicar el Catalangate” ha dejado de lado la “verificación y validación científica” de los datos. Según él, en el 55% de los casos no se puede demostrar que los teléfonos de los independentistas catalanes fueran infectados por Pegasus. Y añade que otros estudios independientes revelan que el 88,9% de los casos que se creen afectados por Pegasus son falsos positivos. Scott reclamó tener acceso a los análisis forenses, también sin éxito.