La polémica en el municipio de Premià de Dalt con Desokupa está lejos de acabar. De hecho, este martes por la noche una protesta ha interrumpido el pleno del ayuntamiento por su vinculación con la empresa. Y es que, pese a que el contrato se ha rescindido, el alcalde de la localidad, Josep Triadó (Junts), no descarta contar con el asesoramiento si la policía local lo considera oportuno.
"Aunque se haya rescindido el contrato con Desokupa creemos que se mantiene la volutad de mantener la vinculación entre el ayuntamiento y esta empresa", manifestó la portavoz de la plataforma convocante, Gemma Puig, que acusó a la compañía de estar vinculado con grupos de extrema derecha. Cabe recordar que se trata de una empresa muy cuestionada por sus métodos extrajudiciales para desalojar viviendas allanadas.
Daniel Esteve, propietario de Desokupa, con quien Premià de Dalt ha anulado el contrato / CRÓNICA GLOBAL
Exigen la dimisión del alcalde
Este martes a última hora, varios manifestantes irrumpieron en el pleno, que tuvo que ser interrumpido, tal y como explicó el consistorio a través de las redes sociales siguiendo el reglamento municipal. Una vez se marcharon, se retomó la sesión.
Hasta que lo hicieron, gritaron consignas como fuera fascistas de nuestros pueblos y exigieron la dimisión del alcalde por la polémica. Pero no son los únicos que exigen el cese del regidor. También lo hace el grupo municipal Crida Premià de Dalt, al considerarlo el "máximo responsable de haber firmado contrato con Desokupa y de mantener los servicios a pesar de la rescisión de éste".
Un contrato ya anulado
La polémica se inició hace una semana, cuando el ayuntamiento anunció la contratación de Desokupa para asesorar a los agentes frente a “okupaciones mafiosas”. El acuerdo de asesoramiento e intermediación con esta controvertida empresa de desalojos iba a tener una duración de un año y un coste de 3.000 euros más IVA.
Josep Triadó (Junts), alcalde de Premià de Dalt / CONSELL COMARCAL DEL MARESME
El equipo de gobierno lo consideraba una buena opción por su “método alternativo que tiene por objeto la resolución amistosa de la controversia existente” y para evitar, “en la medida de lo posible, un procedimiento judicial para la recuperación de la posesión de la vivienda en cuestión por parte de la propiedad”.
Sin embargo, tras las críticas generadas --incluso por su propio partido-- Triadó anunció que había rescindido el contrato con la empresa.