El Gobierno se plantea reformar el delito de sedición en el Código Penal para contentar a los partidos independentistas, especialmente a ERC. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se abre a rebajar las penas a la mitad para homologarlas a la media europea.
En España, este delito tiene una pena máxima de 15 años para las “personas constituidas de autoridad”. En cambio, en Europa, la media ronda los seis años.
Adaptación a la legislación europea
Por eso, tal y como avanza El País, el Gobierno quiere reducir las penas españolas y adaptarlas a la legislación europea, que es mucho más suave tanto con la sedición como con la rebelión --que incluso no se contempla en algunos países como Alemania, Bélgica o Italia--.
Con esta intención, Sánchez lleva casi tres años dispuesto a esta modificación, que dejaría atrás el procés y contentaría a los partidos independentistas. Sobre todo a los republicanos, quienes creen que la reforma debería estar lista antes de que acabe 2022.
Además, reclaman que se negocie de forma “paralela” a los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el Gobierno insiste en negociar las dos cuestiones por separado.
Una mayoría que no tiene
En esta línea se pronunciaba hace unos días la ministra de Justicia, Pilar Llop, partidaria de reformarlo. “La sedición necesita una revisión. Es un delito que se encuentra dentro del título de los delitos de orden público con las penas desproporcionadas respecto del resto de conductas tipificadas como delitos contra el orden público y también unas penas desproporcionadas respecto de conductas típicas que se asimilan al delito de sedición, que no se tipifican en sí como delitos de sedición, pero sí como otro tipo de conductas, desórdenes públicos, desobediencia, etcétera, en otros países de Europa. Por tanto, tenemos que homologarnos en términos democráticos, jurídicos y penales a otros países europeos con unas penas adecuadas a las conductas que se consideran sediciosas”.
Pilar Llop, ministra de Justicia
Pero hay un problema político: Sánchez necesita mayoría absoluta en el Congreso para llevar a cabo una reforma del Código Penal. Por eso, el presidente insiste en que está dispuesto a tirarla adelante siempre y cuando tenga una mayoría que, hoy por hoy, no tiene. Y es que está por ver si ERC se contenta con que se reduzcan a la mitad esas penas o si exige que se elimine. Algo que el Gobierno no está dispuesto a hacer.
Si tirase adelante la reforma tal y como la plantea el Ejecutivo, los republicanos facilitarían con su voto que volviesen personas fugadas como su secretaria general, Marta Rovira. En cambio, no les garantizaría que no fuesen a la cárcel si deciden volver a España. Es el caso, también, del expresidente Carles Puigdemont.