El Ayuntamiento de Premià de Dalt ha cedido ante las presiones y ha anulado el contrato con la empresa Desokupa, cuestionada por sus métodos extrajudiciales para desalojar viviendas allanadas.
El alcalde de esta localidad del Maresme, Josep Triadó, ha roto el acuerdo después de las críticas recibidas no solo por parte de su propio partido, Junts, sino de sus socios en el gobierno municipal, el PSC, que ponía en cuestión la continuidad del pacto.
La llegada de mafias okupas
“Lamento que se haya pensado más en la ideología que en la necesidad”, ha apuntado el regidor posconvergente tras la decisión, que avanza La Vanguardia. No obstante, sigue dispuesto a reforzar la seguridad de sus vecinos para evitar unas okupaciones que siguen al alza. Además, no descarta contar con el asesoramiento de la empresa si la policía local del municipio lo considera oportuno.
Y es que desde el consistorio llevan tiempo advirtiendo del riesgo de que lleguen mafias de los países del Este, sobre todo en los días en los que oscurece antes con el cambio de horario de invierno. Por eso, la policía aumentará su presencia en varias zonas.
Cuestionado en su propio partido
La polémica se inició hace una semana, cuando el consistorio anunció la contratación de Desokupa para asesorar a los agentes frente a “okupaciones mafiosas”. El acuerdo de asesoramiento e intermediación con esta controvertida empresa de desalojos iba a tener una duración de un año y un coste de 3.000 euros más IVA.
El equipo de gobierno lo consideraba una buena opción por su “método alternativo que tiene por objeto la resolución amistosa de la controversia existente” y para evitar, “en la medida de lo posible, un procedimiento judicial para la recuperación de la posesión de la vivienda en cuestión por parte de la propiedad”.
La presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull / EFE - Enric Fontcuberta
Sin embargo, la decisión fue muy criticada también en Junts. De hecho, la presidenta de la formación, Laura Borràs, aseguró en las redes sociales que no comparten esas contrataciones: "Trabajamos para combatir las ocupaciones con nuevas herramientas que aprobará el Parlament", espetaba. Pero Triadó sí ha contado con el apoyo de los vecinos y de otros dirigentes políticos, como es el presidente comarcal de Junts, Carles Bosch, que defiende la “autonomía municipal en temas” que los alcaldes conocen “mejor que nadie”.
Una manifestación contra Desokupa
La rescisión del contrato llega el día antes de la manifestación convocada por la Xarxa d'Habitatge, que exigía al alcalde "retirar el pacto con los fascistas". La convocatoria era una respuesta al polémico contrato con una empresa "conocida por sus vínculos con la extrema derecha y por acumular procesos judiciales por sus métodos mafiosos y violentos a la hora de recuperar viviendas okupadas", expresaba el comunicado.
El colectivo hacía un llamamiento a manifestarse el martes a las 19.30 en la plaza de la Fàbrica de la localidad, coincidiendo con la celebración de un pleno.