Mientras el PSC hace guiños al Govern en el traspaso de Rodalies, los independentistas se preparan para internacionalizar su conflicto con Renfe. La Generalitat quiere aprovechar el congreso de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) que se celebrará en junio de 2023 en Barcelona para sacar pecho de su gestión ferroviaria y confrontarla con la de Renfe. Y, de paso, estrechar lazos con la SNCF, compañía francesa que el Govern ha elegido como “socio” prioritario con vistas a que el Ejecutivo catalán aumente sus competencias.
Pere Calvet (i) y Ricard Font (d), director y expresidente de Ferrocarrils de la Generalitat, respectivamente / EUROPA PRESS
El traspaso de recursos económicos y la adquisición de los trenes y los talleres para que Cataluña gestione el servicio están sobre la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat. De hecho, en el Debate de Política General celebrado en el Parlament, se aprobó una propuesta de resolución del PSC-Units en la que pide reclamar al Gobierno el traspaso de Cercanías, mediante un acuerdo antes de que acabe el año entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Políticas Digitales y Territorio. El texto de los socialistas contó con el apoyo de comunes, Vox y la CUP, la abstención de ERC y Junts, y el voto en contra de Ciudadanos y PP.
Propuesta insuficiente
La propuesta resulta insuficiente para el Govern, que quiere un traspaso total y utiliza los incidentes registrados en la red ferroviaria de Rodalies como arma para erosionar al Estado. De ahí que fuentes del sector apunten al citado congreso internacional que acoge Barcelona como el gran escaparate de la Generalitat para exhibir su capacidad de gestión frente a la “ineficacia” del Gobierno.
Quedan ocho meses todavía para que se celebre ese cónclave ferroviario. Y está por ver si, dada la crisis entre los socios de gobierno, JxCat mantiene las competencias en materia de Territorio, ámbito que depende de la vicepresidencia del Govern. Su hasta ahora titular, Jordi Puigneró, fue destituido, pero el organigrama interno se mantiene, con Pere Calvet como director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Entre 2017 y 2021, Calvet ocupó el cargo de presidente de la UITP, que cada dos años celebra el Global Public Transport Summit. Las anteriores ediciones tuvieron lugar en Estocolmo (2019) y Melbourne (2021). En 2023 le toca el turno a la capital catalana, que acogerá el certamen entre el 4 y el 7 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.
El comité organitzador local está formado por FGC, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Renfe. Fuentes del sector ferroviario aseguran que el Govern no quiere perder la oportunidad de aprovechar los contactos internacionales que, durante cuatro años, ha cultivado Calvet para preparar una hipotética asunción de competencias plenas en materia ferroviaria. "FGC intentará robar protagonismo a TMB y Renfe, y dar una imagen de eficacia como aliado preferente", añaden estas fuentes.
Los contactos de Calvet
En este sentido, Calvet ha incrementado sus contactos con la SNCF con la vista puesta en la plena liberalización ferroviaria, consciente de la competencia que, en ese sentido, habrá entre España y Francia. Así, la compañía francesa utilizaría FGC como "caballo de Troya" para poder operar en España cuando se produzca la liberalización de Cercanías, ahora consideradas como servicio de Obligación de Servicio Público (OSP).
Uno de los recientes encontronazos derivados de la pugna entre las administraciones catalana y española fue provocado por la decisión del Govern de adjudicar una lanzadera al aeropuerto a FGC.
Una decisión criticada por el operador ferroviario español y por asociaciones de usuarios, que advierten de que la desconexión de la red de Rodalies puede saturar el túnel de Paseo de Gràcia y que aísla a municipios metropolitanos. Igualmente controvertida fue la adjudicación de la construcción de los trenes de esa lanzadera a la empresa francesa Alstom --otro guiño al país vecino--, tal como publicó este medio. El contrato se aplazó durante seis meses por las alegaciones presentadas por CAF y Stadler.
La UITP fue creada en 1885, representa a más de 1.400 entidades y engloba a los principales actores del transporte público, esto es, operadores, autoridades, institutos técnicos y de investigación, sector industrial o servicios. Tiene más de 18.000 asociados de 96 países.