“Hay que superar pantallas”. Esta fue la frase más repetida por el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en su comparecencia tras ocho horas de reunión de su ejecutiva, en la que se visualizaron las diferentes posturas sobre una eventual salida del Govern. Lejos de tomar una decisión definitiva tras la destitución del vicepresidente Jordi Puigneró --calificada de “error histórico”--, Turull y la presidenta del partido, Laura Borràs, han decidido mantener las negociaciones con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y, en caso de que no prosperen, someter la ruptura al parecer de la militancia.
Una militancia imprevisible y dividida entre los partidarios de romper y quienes sugieren demorar la salida del Govern hasta la primavera de 2023, esto es, según explican fuentes soberanistas, hacer coincidir una crisis de Gobierno con el ecuador del mandato de Pere Aragonès y en vísperas de las elecciones municipales.
Representantes de Junts per Catalunya el día que comienza la consulta a los militantes para decidir sobre la continuidad en el Govern / EFE
De hecho, el presidente catalán pactó con la CUP someterse a una cuestión de confianza dos años después de la legislatura. Pero Aragonès ha dejado claro que se siente liberado de ese compromiso, pues los antisistema rechazaron apoyar los Presupuestos de la Generalitat de 2022. Igualmente descarta el republicano la cuestión de confianza planteada por sus socios y que precipitó la destitución de Jordi Puigneró como vicepresidente y conseller. Aragonès personificó en la figura de este representante del sector duro de Junts la deselealtad que, a su juicio, supuso el último órdago de los neoconvergentes.
El cese de Puigneró, y Aragonès era muy consciente de ello, ha puesto a prueba la capacidad de Turull de liderar un partido donde una virtual salida del Govern cuenta con la oposición de cargos territoriales y de los consejeros del Govern. Dos de ellos, Jaume Giró y Victòria Alsina, titulares de Economía y de Acción Exterior, respectivamente, han expresado públicamente la necesidad de que el Govern trascienda las peleas partidistas y se dedique a la gestión. Y también su confianza en que hay margen para reconducir la situación.
"Pantallas" autoimpuestas
Turull confía también en ese margen, de ahí que se haya autoimpuesto una serie de "pantallas" que prolongan la inestabilidad del Govern --el partido no quiere sustituir a Puigneró--, que pasan en primer lugar por negociar con el president una serie de propuestas y plazos en la hoja de ruta hacia la independencia. En realidad, las concreciones que reclama JxCat a Aragonès no son nuevas: garantías y plazos para hacer cumplir el acuerdo de Gobierno, la unidad estratégica, la negociación sobre la amnistía y la "autodeterminación" y la coordinación en Madrid.
Y si este diálogo falla, la ejecutiva de Junts someterá a la militancia a una consulta los días 6 y 7 de octubre. Se desconoce el contenido de la pregunta y si los dirigentes de JxCat podrán hacer campaña a favor o en contra de salir del Govern. Si es que, finalmente, se opta por una pregunta binaria. Pero el sainete procesista continúa amenizado, esta vez por un grupo de mariachis cuya presencia ayer ante la sede de Junts fue la gran metáfora del día.
Turull controla las bases presuntamente. Así se demostró en el congreso de renovación, donde ganó a Borràs --referente de los neoconvergentes más rupturistas-- y en las recientes elecciones locales, donde arrasó.
Puigdemont, decisivo
Pero, tal como publicó Crónica Global, el gran temor de Turull es que Carles Puigdemont haga campaña por el sí a la ruptura, lo que inclinaría la balanza hacia los duros del partido. El expresidente ha optado en los últimos tiempos por tomar distancia de los asuntos domésticos del partido, pero todavía conserva un importante ascendente en la militancia.
Si los 250 cargos que tiene actualmente JxCat, lo que supone sueldos que suman más de 20 millones de euros, han pesado en esa decisión de demorar al máximo la ruptura, es algo que ningún miembro del partido se atreve a confesar. Sí han manifestado algunos dirigentes a nivel interno que una salida inminente del Govern no garantiza un despegue electoral. Pasar a la oposición supone perder poder territorial e influencia. Y también la ruptura de alianzas municipales con ERC y la pérdida de opciones para convencer a los 200 alcaldes de sumarse a un proyecto, en ese caso, de confrontación.