La energética de Aragonès: ¿empresa o comunidad de vecinos?

Una de las grandes promesas de Pere Aragonès en materia de transición energética es la creación de una empresa pública. Un proyecto que forma parte de sus pactos de investidura con la CUP y que, según anunció recientemente el presidente de la Generalitat durante la Semana del Clima celebrada en Nueva York, se pondrá en marcha el 4 de octubre. Pero esa empresa energética pública poco tiene que ver con los compromisos contraídos con los antisistema. Entre otras cosas, porque Junts per Catalunya (JxCat) se mostraba reacia a que esa sociedad ejerciera de comercializadora. Un ámbito, según los neoconvergentes, que domina el sector privado.

Pero es que, además, a medida que se van conociendo detalles, la iniciativa de Aragonès se va pareciendo más a una “comunidad de vecinos”, pues, según explicó el propio dirigente republicano, la idea es hacer uso de todo el potencial generador de energía que tienen los edificios de la Generalitat. Esto es, mejorar la eficiencia energética de los servicios públicos, pues la Administración catalana tiene unos cinco millones de metros cuadrados de superficie en los tejados y en las azoteas de sus instalaciones.

En ellos se pueden colocar paneles solares con capacidad para producir hasta el año 2030 un total de 315 megavatios de potencia. Nada que ver con una empresa de energía pública que se ocupe de la generación, la distribución y la comercialización de la electricidad y que garantice el derecho a la energía de los catalanes, lamentan los antisistema. De todo ello se hablará en el Debate de Política General (DPG) que comienza la semana que viene en el Parlament, donde aflorarán las divergencias entre ERC, JxCat y CUP, mientras que el PSC quiere aprovechar la sesión para denunciar que la energética pública es una maniobra de distracción respecto a la falta de inversión en renovables y las trabas burocráticas que sufren las empresas.

La reacción de los empresarios

En efecto, también los empresarios han reaccionado contra las pretensiones de la nueva compañía pública. En un reciente encuentro de Pimec, el presidente de la patronal de pymes, Antoni Cañete, puso coto a las aspiraciones del Govern. "Siempre ponemos sobre la mesa una cuestión conceptual: la Administración debe ser subsidiaria de lo que hace el ámbito privado", afirmó. El dirigente no puso pegas a que se actuara con una visión público-privada, pero alertó contra "los riesgos de que este tipo de acciones se trasladen a una empresa comercial".

Como se ha constatado esta no es la pretensión del Ejecutivo catalán. Entrevistado por Crónica Global, Joan Vila, director general de LC Paper y a la sazón presidente de la comisión de energía de Pimec, reclamó que la iniciativa pública se encamine hacia el diseño de comunidades energéticas locales. Estas entidades jurídicas aprovechan de forma cooperativa la energía creada por renovables y pueden estar constituidas por particulares, empresas y Administraciones.

"De esta forma se aprovecharía el excedente de energía generado por el autoconsumo en edificios públicos de la Generalitat, que debería liderar estos proyectos junto a los ayuntamientos", ha demandado el empresario. Pese a que esta es otra faceta del proyecto de Acción Climática, la presentación de la energética pública no ha ido acompañada de ninguna propuesta concreta en el territorio. Dejando a un lado que municipios como Viladecans y Rubí, con iniciativas como Vilawatt y Rubí Brilla, han sido pioneros en la materia.

Licencias caducadas

A medio plazo, el departamento dirigido por Teresa Jordà también plantea que esta empresa pública absorba las licencias de plantas hidroeléctricas que vayan caducando. Pese a que cuando se anunció esta idea se sopesó incluso la rescisión de los contratos vigentes, fuentes del sector lo descartan debido a que la prolongada duración de las concesiones, de hasta 70 años, obligaría a indemnizaciones millonarias. Lo que sí está dispuesto a hacer el Govern es extinguir las autorizaciones de aquellas instalaciones que cuenten con sanciones administrativas.

Por el momento, Acción Climática ya se ha puesto manos a la obra con tres hidroeléctricas. En el caso de la central de Can Trinxet, en Sant Quirze de Besora (Barcelona), ha iniciado el proceso de reversión de la concesión que caduca en 2024. También quiere asumir la gestión de las centrales de la Cúbia (Ripoll), al entender que su concesión ya está agotada puesto que entró en funcionamiento en 1946 y tenía una duración de 70 años, y Vilana (Bescanó), esta última por incumplimientos contractuales.

El objetivo de la Generalitat es conectar 12 gigavatios (GW) de energías renovables en Cataluña hasta 2030 y alcanzar un horizonte de descarbonización plena en 2050. Sin embargo, actualmente el 80% de la demanda eléctrica total en la comunidad, según datos del primer semestre de Red Eléctrica Española (REE), se abastece con gas natural y energía nuclear. Respecto a los nuevos huertos solares y parques eólicos, las quejas tanto de UNEF como de Eoliccat se centran en los farragosos trámites administrativos de la ponencia de renovables, el órgano interdepartamental de la Generalitat que debe dar luz verde a los proyectos de hasta 50 megavatios (MW). En la última década, solo ha entrado en vigor un nuevo parque solar, y ni uno de turbinas.

Sin soberanía energética

Así está la situación y la energética pública de Aragonès no impedirá que en el DPG, que comienza el próximo martes, aflore el retraso en la transición energética hacia las renovables porque “sin soberanía energética, Cataluña se verá obligada a importar energía renovable de Aragón o Francia, y tendrá que construir más líneas de muy alta tensión (MAT) que crucen el territorio, con la pérdida de los beneficios derivados de la generación (puestos de trabajo, tributos locales, rentas, infraestructuras, etcétera) y un impacto de 1.300 kilómetros de territorio agrario y con la inutilización de 4.000 hectáreas”, advierte la diputada de PSC-Units Sílvia Paneque.

Los socialistas presentarán una propuesta de resolución en la que exigen una mayor inversión que garantice 1.250 MW de energía eólica, 1.200 MW de fotovoltaica en suelo y 545 MW de fotovoltaica en techo, asegurando así el cumplimiento de los primeros objetivos marcados en 2030.

Burocracia y concursos desiertos

Facilitar los trámites burocráticos es otra de las asignaturas pendientes. Un ejemplo de la lentitud en los procesos para activar esos proyectos es el concurso que quedó desierto para la provisión de cuatro puestos de trabajo de técnico destinados a examinar proyectos de energías renovables del Departamento de Acción Climática en Lleida (Segrià). El Govern asegura que, tras recibir 17 currículums, solo cuatro reunían los requisitos de titulación (ingeniería industrial superior).

Uno de ellos declinó incluso la entrevista; otros dos, manifestaron que no estaban interesados en las tareas y el sueldo, y el último renunció a la plaza dos días después de la entrevista. Posteriormente, se volvió a publicar la oferta, se presentaron 10 candidaturas, de las cuales cuatro reúnen los requisitos exigidos.

Acortar los plazos

PSC-Units sugiere, en este sentido, establecer la tramitación ambiental de determinados proyectos de energías renovables a tres meses y limitar los trámites de información pública y consultas a organismos mediante silencios positivos estrictos y transparentes. Asimismo, sugiere un procedimiento de urgencia limitado a diciembre de 2024 basado en razones de interés público de reducción de la dependencia energética, la contención de precios y la garantía de suministro.

Fijar áreas de desarrollo prioritario y un Plan Director de Energía por 80.000 hectáreas de territorio en un período de seis meses son otras dos medidas que se debatirán en el DPG. PSC-Units también aboga por la colaboración entre la Generalitat y el Gobierno español en proyectos de interconexión de gas entre la península ibérica y el resto de Europa a través de Italia y Francia para disminuir la dependencia con el gas ruso y como infraestructuras estratégicas de futuro por el transporte de hidrógeno verde.

Medidas legislativas

Por su parte, desde la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural se recuerda toda una serie de medidas legislativas impulsadas para desarrollar la energía verde, como el Decreto Ley 24/2021 de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas. En él se introducen medidas sociales y económicas para favorecer que los vecinos puedan participar en la propiedad de los proyectos. O el Decreto Ley 28/2021 de modificación del Código Civil catalán para reducir las mayorías necesarias para acelerar el despliegue del autoconsumo en edificios en régimen de propiedad horizontal.

Pero en esa batería de medidas para propiciar la transición energética, la conselleria destaca el acuerdo de Gobierno de 28/11/2021 por el que se crea el Programa temporal para el diseño y creación de una empresa energética pública de la Generalitat. Desde entonces, y a partir de los compromisos adquiridos por Aragonès con la CUP, se han ido desvelando algunos detalles de ese proyecto que nada tiene que ver con la idea inicial.