En el pleno municipal de este lunes 19 de septiembre, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha declarado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena persona non grata en el municipio. Uno de los cinco puntos llevados al pleno era, precisamente, esta petición de Junts per Sant Cugat, en la que se pedía al consistorio que se posicionara con respecto al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que España “violó los derechos” de los líderes independentistas catalanes.
La moción, presentada por Junts, solicitaba adherirse a la reclamación del Govern de reparar los derechos de los líderes independentistas y solicitaba declarar persona non grata al magistrado del Supremo. La propuesta fue aprobada con una amplia mayoría, con los votos a favor de Junts, ERC y la CUP --que suman 18 regidores-- frente a la oposición del PSC, Cs y una regidora no adscrita --que suman siete regidores--.
Bronca entre ERC y Junts
Llama la atención que los republicanos votaron hace un año en contra de esta misma propuesta. De hecho, la mención de este lunes ha provocado roces entre Junts y ERC. La teniente de alcalde de la localidad del Vallès Esther Madrona (ERC) recriminó, en una respuesta recogida por Tot Sant Cugat, que Junts buscara medir “quién es más independentista”.
En concreto, Madrona expresó que “esta mención no busca la voluntad política, ética o moral, y queda demostrado que Junts no se quiere sentar con el resto de partidos independentistas para buscar un consenso”. “Por una parte, hay una lucha interna entre las facciones de vuestro partido, y por otra, una lucha interna con un nuevo movimiento, que ya se ha presentado en Sant Cugat, con la intención de demostrar quién es el más independentista”.
Un municipio acomodado
Cabe destacar que Sant Cugat es uno de los 10 municipios más ricos de Cataluña y que cuenta con mayoría secesionista. En la actualidad, esta localidad del Vallès cuenta con una renta per cápita de 43.084 euros y, en las últimas elecciones celebradas en Cataluña, JxCat, ERC y la CUP reunieron un 51% de los votos.
Precisamente en este municipio el juez declarado persona non grata posee una vivienda que fue atacada por las juventudes de la CUP en 2018. Los jóvenes de Arrán vertieron pintura amarilla en el portal del apartamento de Llarena y revelaron la dirección exacta con tono amenazante.