El promotor de una obra de viviendas en el centro de Barcelona ha denunciado que recibió "coacciones" de las concejalías de BComú del Ayuntamiento de Barcelona para que algunos apartamentos se destinaran al parque social. Inmobel Economarket, que transforma un bloque junto al Mercado de la Boqueria, sostiene que "fue intimidado, como le pasó a Vauras Investment en su momento". El gobierno municipal sostiene a su vez que el operador incumplió con la licencia de obras y que por eso se la paró. 

Los responsables de la promotora atienden telefónicamente a Crónica Global. Alertan de que el distrito de Ciutat Vella y Urbanismo, ambos en manos del partido de la alcaldesa Ada Colau, le "sentaron en una mesa" cuando presentó la reforma de un bloque de viviendas de alquiler antiguo en la Boqueria y le dijeron que "tenía que hacer vivienda social". El gerente, Ramon Rovira, lo rechazó, pues su proyecto era incompatible con el parque público. "Les exigí que me dieran sus nombres y apellidos y tarjetas y rehusaron alegando que podrían tener problemas legales", señala Rovira. 

"Es un bien protegido, está exento del 30%"

El directivo de Inmobel recuerda que la promoción de 13 viviendas y una oficina --y un local en los bajos-- en el número 6 de la calle Morera, oteando a la Boqueria, "es una restauración de un bien protegido que se construyó en 1850". Por estar incluido en el catálogo de patrimonio, queda exento de la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas viviendas y las reformas a pisos protegidos. "Al no poder obligarme por ley, intentaron intimidarme para que lo hiciera motu proprio", se queja en conversación con este medio. 

La empresa asegura que su situación se asemeja a la que sufrió el fondo de inversión Vauras Investment, que trató de reformar un bloque de viviendas antiguas en la calle Lleida de Barcelona, pero se las okuparon. Tras ello, se produjo una batalla legal con los intrusos en la que, según la empresa, el ayuntamiento se puso del lado de los allanadores. El asunto se ha judicializado y hay varios miembros del equipo de gobierno citados como investigados por varios delitos, incluida la alcaldesa, Ada Colau. 

Ayuntamiento: "Incumplió la licencia"

Por su parte, una portavoz municipal ha dado una versión absolutamente opuesta. Ha indicado que la propiedad "acumula diversas incidencias" desde el inicio de los trabajos. Desde 2018 tiene 22 comunicados por la limpieza y saneamiento de la vivienda. Finalmente, en 2021 se pidió una licencia de obras, pero el consistorio asegura que el permiso fue vulnerado. "Durante una inspección de obras, se detectaron siete infracciones de modificaciones realizadas al edificio que no correspondían con las autorizaciones concedidas", ha señalado la fuente oficial. 

Interior del bloque en disputa junto a la Boqueria / CG

Ello, ha precisado, incluía derribos y la retirada de forjados de una finca que está protegida como monumento. Por ello, el 23 de mayo de este año se "ordenó la suspensión de las obras y el 5 de agosto se ratificó". 

Informe desfavorable

Desde el consistorio recuerdan que Inmobel presentó un informe previo de vivienda para las obras de la finca. El dictamen municipal fue "desfavorable", ya que la empresa "no aportó toda la documentación solicitada". ¿Cuál? "La memoria descriptiva indicando si las obras conllevaban o no el desalojo de los ocupantes ilegales y el plan de realojo y retorno", ha precisado la representante. Pese a ello, "no se presentó ninguna solicitud posterior". 

Desde la Administración local recuerdan que la edificación está protegida por cinco normativas. "La Modificación del Plan Especial de Reforma Interior (MPERI) del sector Raval; el PERI del sector Raval y el Plan General Metropolitano; está catalogada con un nivel C Edificio de Viviendas e incluida en el Conjunto de la plaza Sant Josep y [protegida por] el Plan especial de Protección de Patrimonio Arquitectónico Históricoartístico de la ciudad de Barcelona", enumeran. 

Jefe de obras: "Lo protegemos todo"

En la obra, la disputa entre promotor y ayuntamiento se vive con incertidumbre. "La reforma sigue, como ves, pero en medio de una inseguridad tremenda. Está poniendo en riesgo a mi equipo", lamenta P., el jefe de obras, en conversación con este medio. "Juzguen ustedes mismos si estamos protegiendo la finca o no", agrega la misma fuente, señalando los forjados reparados, la estructura apuntalada y la escalinata rehabilitada y limpia para acoger a los nuevos inquilinos. 

Imagen de uno de los forjados de 1850 / CG

Los operarios, que rechazan haber sobrepasado la licencia de obras como sostiene el ayuntamiento, recuerdan que la situación del bloque es tan precaria que están adecentando el local inferior --que "será respetuoso con el patrimonio de Barcelona, en forma de bodega con vuelta catalana y suelo hidráulico y tematizada como la Barcelona de los 80"-- sin saber "si hay licencia o no". 

Trasfondo: el 'caso Vauras'

Sea como fuere, el pulso se asemeja al de otro inmobiliario que también denunció supuestas intimidaciones del gobierno local para hacer vivienda social en Barcelona en un contexto de carestía del parque público. Fue Vauras Investment, un fondo de inversión que compró varios edificios en la Ciudad Condal para rehabilitarlos y alquilarlos. En uno de ellos se okuparon los pisos, y el ayuntamiento medió, del lado de los squatters según la enseña. La firma encajó multas por no ofrecer vivienda social, pero las revirtió en la vía judicial. 
 
Tras ello, denunció al ayuntamiento por la vía penal, y consiguió en segunda instancia que se citara por coacción y prevaricaciones a la propia alcaldesa de Barcelona. El inversor, que "se retiró de Barcelona harto de las presiones", asegura también que los comunes le presionaron para que ofreciera alquiler social y que, cuando no lo hizo, le sancionaron, como avanzó este medio. Todo ello lo deberá probar en sede judicial en un procedimiento que se sigue en la Audiencia de Barcelona.