La presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, se muestra muy crítica con la gestión del Gobierno de España en materia lingüística. Considera que, al no impugnar las nuevas normas del catalán en la escuela ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha convertido en cómplice de "la vulneración de los derechos de los castellanohablantes" en Cataluña. Pero tampoco se esconde para reprochar al anterior Gobierno del PP, con Mariano Rajoy al frente, que perdió la oportunidad de potenciar el castellano en el sistema educativo de la Generalitat cuando tenía "el control" a través del artículo 155 de la Constitución. "Fue una oportunidad perdida, pero el PSOE lo ha hecho peor", afirma Losada en una entrevista con Crónica Global.
--Pregunta: En reiteradas ocasiones, desde la AEB, han sido críticos con la gestión del Gobierno de España respecto a la lengua en Cataluña. ¿Cree que es un problema de Pedro Sánchez o del PSOE?
--Respuesta: Hay que respirar para poder hablar de esta situación. En el caso de la AEB estamos por la labor de que se respeten los derechos lingüísticos. No estamos a favor ni en contra de ningún Gobierno, sino de las acciones que llevan a cabo. La actitud y la acción del Gobierno de España es de suma gravedad. El hecho de que la Ministra de Educación todavía no se haya pronunciado tras la orden del conseller Cambray de eliminar el 25% de castellano a partir del lunes demuestra que tenemos un grave problema y que hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos contra actuaciones sectarias y partidistas no está entre sus prioridades. Sánchez actúa de manera irresponsable. Ninguno, hasta la fecha, ha tenido tan fácil que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña.
--¿Qué responsabilidad tiene el PP cuando, en su momento, gobernaba Mariano Rajoy?
--Durante el 155, el Gobierno del PP tendría que haber aplicado la ley y la Constitución, cuando tenía el poder de la Administración catalana. Pero sin exculparlos, en medio de la situación que vivíamos en 2017, de total enfrentamiento social y con la tensión viva, dar paso a asignaturas en castellano era mucho más difícil que hacerlo a través de la sentencia que daba una orden al conseller. Insisto, el Gobierno de España ha tenido en sus manos poder hacer algo y no lo ha hecho.
--¿Considera entonces que se perdió una oportunidad durante la vigencia de la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución?
--Por supuesto. El Gobierno de España de ese momento cometió una irresponsabilidad porque tenía el control. No lo hizo, pero es que la situación del Gobierno de Sánchez es todavía más grave, porque la aplicación a través de la sentencia hubiese sido mucho más fácil y con un coste menos elevado que el que podría haber tenido Mariano Rajoy. Pero yo no exculpo a nadie.
--Pero desde la AEB se es especialmente crítico con el actual Ejecutivo… ¿Qué esperan de él?
--El papel de la Abogacía del Estado, las declaraciones de la Ministra de Educación, los silencios, la falta de respuestas… La AEB lleva esperando un año una entrevista con la ministra Pilar Alegría. En agosto del año pasado, cuando estábamos con las medidas cautelares del recurso por vulneración de derechos fundamentales de la selectividad, la Fiscalía pasó a no apoyar nuestras medidas cautelares. La semana pasada el fiscal no había respondido al recurso que presentamos. Todas las pruebas indican que nosotros no formamos parte de los catalanes a los que el Gobierno necesita hacer caso. Supongo que por intereses políticos.
--¿Cree que esta actitud a la que se refiere tiene algo que ver con la mesa de diálogo entre el Gobierno y ERC?
--La no impugnación de la ley y el decreto [de la Generalitat] ante el Tribunal Constitucional, a sabiendas de que es inconstitucional, es muy grave. Incluir la ley en la mal llamada mesa de diálogo, también. Las pruebas son evidentes: estamos ante una negociación política en la que estaba la lengua sobre la mesa y en la que el Govern ha visto muy de cerca, por primera vez, que podía conseguir la escuela monolingüe en catalán. Eso es lo que sucedió en esa mesa de cesiones.
--La nueva ley catalana fue apoyada por el PSC en el Parlament, parece difícil que el Gobierno se oponga a ella…
--¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El PSC lo apoyó porque alguien dijo que la apoyara? Hay una entrevista que hizo Salvador Illa al día siguiente en la que dice “nosotros apoyamos esta ley porque beneficia a la convivencia lingüística y porque curricular es igual que vehicular. Lo que pase con el decreto, eso ya no lo sabemos”. Si tú me dices eso es que sabes que en el decreto va a pasar alguna cosa. Illa sabía lo que apoyaba.
--¿Los resultados que se le da al PP en las encuestas pueden suponer un avance en el apoyo al 25% de castellano en las escuelas catalanas?
--El PP y el PSOE son culpables de la situación en la que nos encontramos ahora. Quiero pensar que el PP ha aprendido la lección. Tengo esperanza en ello. En las reuniones que hemos mantenido siempre les hemos advertido de que el apoyo debe ser claro y que no se puede volver a jugar a lo que se jugaba antes. El 28 de julio, Escuela de Todos nos reunimos con el PP en Madrid. La comitiva del partido estaba encabezada por Cuca Gamarra. Le dije que la Cataluña de 2022 no es la Cataluña de 2012, el tema lingüístico está sobre la mesa y es una de las prioridades del votante constitucionalista que está en contra de la inmersión y que ellos podrían captar. Le dijimos que queríamos mensajes claros y cortos de Núñez Feijóo sobre el catalán y el castellano como lenguas vehiculares. No queremos medias tintas. La oposición que tiene el PP no es la de 2012, ni por la derecha, ni por la izquierda ni por el centro. Nosotros no estamos para hacer de muleta de ningún partido. Creo que los votantes del PP no le van a permitir una demora de la solución, como ha ocurrido en otras épocas del partido.