El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí que, entre otras cosas, elimina la distinción entre el abuso y la agresión sexual.

El pleno del Senado ha aprobado la norma que coloca en el centro el consentimiento expreso a la hora de juzgar un caso de agresión sexual y que modifica el Código Penal para acabar con la distinción entre un abuso y una violación.

La sentencia de ‘La Manada’

La sentencia que impulsó este cambio normativo fue la de La Manada, que concluyo que la joven violada de forma grupal en las fiestas de San Fermín de 2016 fue víctima de un abuso y no de una violación. Este hecho desató la indignación de los colectivos feministas y, en general, de la sociedad civil, que se movilizó en manifestaciones exigiendo un cambio en la legislación.

Tras un tira y afloja entre los socios de Gobierno, que enfrentó a Irene Montero con el PSOE y que puso en la cuerda floja la norma por las desavenencias entre ambos partidos al incluir también cambios en lo relativo a la prostitución, la modificación ha salido adelante sin hacer mención a este tema. Esta cuestión se abordará con posterioridad.  

El consentimiento expreso

La ley coloca en el centro el consentimiento expreso a la hora de juzgar los delitos sexuales. De este modo, “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado de forma libre, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, recoge el texto que ha superado el trámite parlamentario. 

Con esta ley el silencio o el hecho de que una persona no se pronuncie dejará de ser considerado un tipo de consentimiento válido. También evitará, además, que las mujeres deban probar que se defendieron o que sufrieron una agresión física para acreditar una violación.

La polémica enmienda

Junts per Catalunya ha dado el apoyo al cambio legislativo al aceptar el Gobierno cambiar una letra de una de las enmiendas. La modificación legislativa no salió adelante antes porque en un inicio se rechazó esta modificación. 

 En concreto, en el preámbulo se define que la norma pretende "dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas".  En lugar de definir este grupo de acciones como "la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos", se hablará de “forzosas”.