Laura Borràs deberá declarar finalmente ante la justicia por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entidad dependiente de la Generalitat de la cual fue directora de 2013 a 2018. En concreto, por el presunto fraccionamiento de 18 contratos públicos por un importe total de 259.863 euros para adjudicárselos a su amigo Isaías Herrero cuyo objetivo era la creación y gestión de varias webs de este organismo.
El caso salió a la luz de forma casi fortuita, al tener acceso los Mossos d'Esquadra a unos correos electrónicos de Herrero, que en su momento estaba siendo investigado por otro asunto de tráfico de drogas y falsificación de billetes. En algunos de sus e-mails aparecía el nombre de Borràs, incluso como interlocutora, y en ellos se debatía sobre cómo esquivar el concurso público para obtener la adjudicación a dedo de dichos contratos informáticos de la ILC.
La causa se empezó a instruir en 2019 el Tribunal Supremo, puesto que por esas fechas Borràs era ya diputada de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso. Posteriormente, al ser elegida presidenta del Parlament de Cataluña en marzo de 2021, su aforamiento cambió y la instrucción se trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Contratos a dedo
Ya durante la investigación en el Supremo, la exposición razonada de la juez de Barcelona que llevaba las pesquisas, y el informe favorable de la Fiscalía, destacaban que Borràs actuó presuntamente "de común acuerdo" con Isaías Herrero --investigado también por los hechos-- "para defraudar" a la ILC "mediante el fraccionamiento ilegal" de contratos.
Pagos a otras empresas por servicios similares a los efectuados por Isaias Herrero
Para ello, se llevó a cabo una supuesta "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público".
Casi 260.000 euros sin IVA
Según la Fiscalía y el Juzgado de Barcelona que comenzó a investigar existen indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs "abusó" de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria" los contratos de programación informática, cuyo importe total era de 259.283 euros (335.700,29 incluyendo el IVA), a favor de Herrero. Alguien a quien conoció durante su etapa como profesora universitaria, y con el que se acreditaba que tenía "relación personal y profesional"
La exposición razonada remitida en aquellas fechas al Supremo incluía, además, una serie de correos electrónicos entre ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borràs. Uno de ellos es del 28 de febrero de 2013, cuando la hoy presidenta del Parlament le pedía su amigo que le pasara los presupuestos del Portal de les Lletres Catalanes para examinarlos "conjuntamente" y hacer "los retoques que sean necesarios".
"El dinero lo tiene reservado"
También trascendieron otros e-mails enviados el 18 y 19 de julio de 2015, en los que Herrero preguntaba si ocurría algo con las facturas, y Borràs habría contestado que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto".
En otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017, Herrero explicaba que ya tenía hechos dos de los tres presupuestos, y que "el del portal" lo había elaborado "contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros".
Fachada del TSJC, un jurado popular declara no culpable al hombre acusado por dejar morir a su pareja en 2018 / CRÓNICA GLOBAL
En ese momento, Borràs indicaba que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".
"Trapis"
Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es una en la que Herrero reconocía a su socio, en noviembre de 2017, que "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí" --presuntamente en alusión al ILC--, y que tenía que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifestaba su temor de que la situación cambiara en cuanto Borràs dejara la institución.
La causa llegó al TSJC cuando la fase de instrucción estaba a punto de finalizar, y ha acabado derivando en la apertura de un juicio oral para Borràs.
Indicios
El magistrado Carlos Ramos, que ha instruido el caso, ve "razonabilidad y consistencia" en las acusaciones de la Fiscalía a partir de los indicios recabados en la investigación, y recuerda que la acusación hasta ahora se basa en indicios que no comprometen la presunción de inocencia de los acusados, algo que se valorará en el juicio.
La acusación de la Fiscalía parte de que Borràs, como directora de la ILC, era la responsable de las contrataciones y supuestamente ella e Isaías Herrero se pusieron de acuerdo en la adjudicación de varios encargos relacionados con las webs de la institución. Para dar "una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia", la Fiscalía sostiene que pactaron que en cada contrato aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores.
Dos de estos tres presupuestos no eran ofertas reales, sino que presuntamente los hacían Isaías Herrero, Andreu P. y Borràs para simular que se adjudicaban al mejor licitador, cuando en realidad el adjudicatario habría sido Herrero.