La campaña del Catalangate sobre la supuesta vigilancia a 65 mandatarios y activistas secesionistas por el procés no ha causado mella en Europa. El hecho de que la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje en diversos países con el programa Pegasus no haya incluido a España ha dolido al nacionalismo gobernante en la Generalitat de Cataluña. Tanto es así que una de sus entidades afines, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha enviado una carta a los miembros de dicha comisión para que reconsideren su decisión.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha enviado la misiva, frustrada por el hecho de que la Eurocámara sí haya investigado a otros países como Israel --donde está la sede de NSO, empresa fabricante de este software espía-- y próximamente tenga previsto visitar a Hungría, Polonia y EEUU, pero por ahora no a España, como pretendían los secesionistas catalanes.

Ven "dobles standards"

La ANC está convencida de que ese supuesto caso de vigilancia a dirigentes del procés es "el caso más grande de espionaje en Europa con el uso de Pegasus". Y carga por ello contra las autoridades comunitarias apuntando los, en su opinión, "crecientes dobles standards de las instituciones de la UE en relación a las prácticas abusivas del Estado contra el movimiento independentista catalán" (sic), instando en un comunicado a garantizar los derechos de todos los ciudadanos europeos, "también de los catalanes".

"La vigilancia indiscriminada y arbitraria de un gobierno de la UE hacia la ciudadanía no puede quedar impune, especialmente teniendo en cuenta la falta de interés mostrada por el Gobierno y las principales fuerzas políticas españolas en investigar estos abusos de poder y en depurar responsabilidades", destaca la entidad ultranacionalista.

Por ello, exige a la Eurocámara que lleve a cabo "una investigación neutral y extensiva de este espionaje masivo", según sus palabras, y vele por la protección de los derechos de los catalanes.

Campaña cuestionada por más de un centenar de académicos

En este sentido, cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia explicó el pasado 5 de mayo que la justicia española autorizó 18 escuchas, plenamente legales, a dirigentes del procés por el referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1-O. Una cifra muy alejada de los 65 independentistas que, según la ANC y otras entidades afines, han sido espiados.

Esa estimación sobre la supuesta vigilancia a decenas de dirigentes secesionistas surge de un estudio de CitizenLab --una entidad dependiente de la Universidad de Toronto (UofT)-- que ya ha sido cuestionado por más de 120 académicos y expertos de varios países por las deficiencias metodológicas, falta de neutralidad, rigor y conflictos de intereses de los autores de dicho informe. Razones por las cuales han reclamado a la UofT una investigación externa para contrastar su fiabilidad, petición que ha sido rechazada.

Entre las razones esgrimidas por estos expertos figuran, por ejemplo, la falta de transparencia del estudio de CitizenLab, la posible existencia de errores y falsos positivos de espionaje y el hecho de que uno de sus autores sea Elies Campo, un activista independentista sin licenciatura universitaria acabada ni experiencia en la elaboración de trabajos académicos, que además habría inflado su currículum atribuyéndose cargos en Telegram, compañía de la que fue colaborador externo sin remuneración ni vínculo contractual.

Sin pruebas de la mitad de los supuestos infectados

También desde el ámbito de la ciberseguridad han surgido voces que cuestionan el trabajo de CitizenLab. Jonathan Scott, investigador de softwares maliciosos de la Northcentral University de Arizona, publicó a principios de julio un documento de 60 páginas en el cual acusa al laboratorio de la Universidad de Toronto de falta de rigor y de anteponer los intereses de los independentistas a la verificación científica. Así, en una de sus páginas considera “evidente que la presión para publicar el Catalangate” ha dejado de lado la “verificación y validación científica” de los datos. Según él, en el 55% de los casos no se puede demostrar que los teléfonos de los independentistas catalanes fueran infectados por Pegasus. Y añade que otros estudios independientes revelan que el 88,9% de los casos que se creen afectados por Pegasus son falsos positivos. Scott reclama tener acceso a los análisis forenses, por ahora también sin éxito.