La diplomacia catalana tiene su sede en el número 14 de Via Laietana de Barcelona. Se trata del denominado Edificio Princesa, un impresionante inmueble con una superficie de 7.304 metros cuadrados en el que trabajan 250 personas. La Consejería de Acción Exterior paga anualmente por este inmueble 1,5 millones de euros. Entre los gastos de mantenimiento de esas oficinas figuran los destinados a la vigilancia y seguridad. La Generalitat sacó a concurso el pasado 15 de junio la licitación de este servicio, con un presupuesto estimado de 348.921 euros. Pero dos días después, anunciaba el desistimiento al constatar irregularidades en los criterios de adjudicación.
No es el único departamento del Govern que ha anulado un proceso de contratación de servicios de seguridad en las últimas semanas, advierten los sindicatos.
Edificio Princesa, situado en Via Laietana de Barcelona, sede de la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat
Polémicas 'embajadas'
Desde su creación, esta consejería ha estado abonada a la polémica, dado que la política exterior es competencia exclusiva del Estado. La justicia laminó las atribuciones de este departamento, bajo la lupa del Tribunal de Cuentas debido al millonario gasto destinado a internacionalizar el proceso independentista. El departamento cuenta este año con un presupuesto de 94,2 millones de euros y del mismo dependen las embajadas repartidas por el mundo, cuya resistencia a rendir cuentas de su actividad ha sido muy criticada por la oposición política.
Vigilar la impresionante sede de la diplomacia catalana también supone un gasto considerable. El pasado 15 de junio, el departamento publicaba el concurso para adjudicar el servicio de vigilancia y seguridad por un año --prorrogable por un año más-- con un presupuesto estimado de 348.921 euros. Según la descripción técnica del contrato, el ámbito de la prestación del servicio serían los espacios interiores del edificio Princesa.
Hablar en catalán
Los vigilantes deben ir uniformados, hablar en catalán, hacer un uso adecuado de las bases de datos, estar en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, cumplir un código deontológico y atender al público, entre otras funciones perfectamente definidas en el pliego de condiciones.
Los presupuestos de la Generalitat aumentan el gasto en embajadas y en TV3
Sin embargo, dos días después de que saliera publicado el concurso, la propia Generalitat anunció el desistimiento del mismo al constatar que se podría haber vulnerado el artículo 145.4 de la ley de contratos del sector público que establece que en las licitaciones de servicios de servicios de vigilancia y seguridad, “los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas”.
Rechazo sindical
El departamento de Acción Exterior calificaba el error como “infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato”, por lo que ordenó el archivo del expediente de adjudicación y el inicio de una nueva tramitación. De esa anulación se dio fe el pasado 17 de junio. Las condiciones del contrato, en su fase de anuncio previo, ya habían sido objeto de rechazo por parte de los representantes sindicales, a los que se ha dirigido la Generalitat para informarles de que se modificarán las condiciones y se publicará de nuevo el anuncio.
ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña recuerda que, el 11 de mayo de 2022, la Consejería de Derechos Sociales publicó la licitación de la vigilancia de sus edificios para 2023. El Departamento de Asesoría de esta agrupación sindical procedió a su revisión y verificó que habían incumplido con la legislación vigente e informó de ello a la administración catalana, que paralizó la licitación parada a la espera de su subsanación. "En menos de 15 días ya son dos las licitaciones de la Generalitat de Cataluña intervenidas por ADN Sindical", denuncia esta entidad.
Respecto a los pliegos administrativos de Acción Exterior ahora anulados, los asesores sindicales subrayan que "daban dan 75 puntos en el valor económico de 100 puntos total. Para la valoración de ofertas se da más de un 49% al valor económico vulnerando así la ley de contratación publica española". Asimismo, la subida prevista del IPC para 2023 era de un 2%, algo que "vemos muy justo, porque se calcula que será de un 7%".