Gobierno y Generalitat da una nueva oportunidad a la mesa de diálogo, en la que Pere Aragonès insiste en su agenda identitaria, esto es, en medidas legales que permitan reformas el delito de sedición, mientras que Pedro Sánchez intenta reconducir esa negociación a un terreno más pragmático, esto es, hacia medidas para paliar los efectos de la crisis económica que se prevé dura en otoño. Ambas partes buscan un gran gesto que contente al independentismo, sin que suponga un gran coste para el PSOE. De momento, los intentos han sido infructuosos. Moncloa, eso sí, busca fórmulas de cobernanza que amplíen las competencias catalanas.
El presidente catalán ha añadido a la agenda avances en la ley de secretos oficiales a raíz del Catalangate, esto es, el caso de espionaje de dirigentes independentistas. Una petición algo más posibilista, ya que el Ejecutivo español ha anunciado que en breve aprobará el borrador. Mucho más complicado es lograr que en esta legislatura se aprueba una reforma del delito de sedición que suavice la respuesta penal a los investigados del procés. La previsible extradición de Carles Puigdemont, pues esa es la postura de la Justicia europea, ha añadido presión a esa demanda. Pero el PSOE carece de la mayoría necesaria.
Amnistía y referéndum, aparcados
Sobre las reclamaciones de una ley de amnistía y un referéndum pactado, ambas partes son conscientes de que nunca saldrán adelante. De ahí que, de momento, ambos dirigentes allanen el terreno a una nueva cita de la mesa de diálogo, que tendrá lugar la última semana de julio, sin maximalismos, pero con voluntad de encontrar lugares comunes, que Moncloa intenta derivar hacia el terreno económico, avalado por la grave recesión que avecina.
La agenda del reencuentro, que Sánchez ha presentado en anteriores cumbres con Aragonès, incluye ese tipo de medidas de carácter social y económico. El Govern insiste en que hay otras comisiones bilaterales que se encargan de ese tipo de temas, aunque ya con menos presión por parte de Junts per Catalunya, ausentes en la mesa, pero cada vez más cercanos a los socialistas de cara a las elecciones municipales.
El cese de Laura Borràs es inminente porque el reglamento del Parlament así lo contempla, no así el retorno del fugado. Eso da a Sánchez un margen de maniobra suficiente para, al menos, intentar una reforma de la sedición en el Congreso, a sabiendas incluso de que no prosperará, pero que obligará a todos los partidos a posicionarse.